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Tres de las principales empresas públicas de España –al margen de Correos, que daría para un capítulo aparte– dan buena cuenta del deterioro de una gestión considerada «estratégica» en manos del Estado que trae de cabeza cada día a miles de ciudadanos, que padecen los retrasos y cancelaciones de los Cercanías y vuelos, con una atención deficiente por culpa de la falta de personal y del debido mantenimiento de las infraestructuras.
Su situación financiera, además, deja mucho que desear y difícilmente pasarían una auditoría independiente, con agujeros que no dejan de crecer y que, pese a que no computan como deuda de las Administraciones Públicas, sumarían 2,8 puntos más al endeudamiento general, elevando la deuda del Estado del 109% del PIB a rozar el 112%.
Así lo reconocía el Banco de España, que cifra en 41.498 millones de euros la deuda de las empresas públicas españolas al término del primer trimestre del año, la cifra más alta desde el mismo periodo de 2016, con lo que la deuda total del Estado alcanzaría los 1,654 billones de euros.
La palma se la lleva Adif. El gestor ferroviario acumula una deuda en el primer trimestre de 18.750 millones de euros. A cierre de 2023, su pasivo ascendía a 17.307 millones de euros, un 4% superior al anterior, de los que más de 11.000 euros eran del Banco Europeo de Inversiones y 6.000 millones en bonos, con un tipo de interés medio del 2,1%.
Mientras, Adif no deja de emitir deuda, en este caso los llamados «bonos verdes» y este año afronta vencimientos de deuda por un importe de1.482 millones de euros. Mientras su presidente, Ángel Contreras, trata de esquivar su vinculación en el «Caso Koldo», los sindicatos denuncian el constante deterioro de las infraestructuras y la falta de personal. Hasta el extremo de asegurar que los trabajadores se ven abocados a comprar repuestos básicos, a veces pagados incluso de su bolsillo, en webs chinas.
La situación de Renfe, encargada de la operativa, no es mucho mejor. Su deuda es también mayúscula (6.136 millones), con un servicio caótico en las Cercanías, con Madrid a la cabeza y, las Rodalies catalanas.
Por su parte, el gestor aeroportuario Aena, con una posición casi monopolística en su sector, tiene al segundo aeropuerto español y uno de los más importantes de Europa, el de Barcelona El Prat, descosido desde el techo a las pistas.
La inacción de Aena, con una deuda conjunta con Enaire de 7.757 millones de euros, es manifiesta. A la empresa pública que dirige Maurici Lucena se le acumulan los problemas en varios frentes. El Prat es un buen ejemplo, con el caos desatado por las granizadas pasadas, que provocaron desvíos a Valencia, Gerona y Reus y retrasos constantes en el tráfico aéreo.
