Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, no es un capo cualquiera. Considerado uno de los principales jefes de la Mocro Maffia, la estructura criminal integrada principalmente por delincuentes de origen magrebí y asentada en Países Bajos, donde ha llegado a desafiar al Estado, su excarcelación solo mes y medio después de su arresto en España y su posterior fuga han provocado un terremoto judicial y policial. En la trastienda, una sucesión de decisiones, algunas controvertidas, y una investigación iniciada en 2022 y que comenzó a concretarse el pasado diciembre, cuando la Policía Nacional intentó detenerlo por primera vez. Esta es la cronología de un fiasco que ha llevado al propio Gobierno, por boca del ministro de Justicia, Féliz Bolaños, ha calificar su huida de “noticia preocupante”.

18 de diciembre. La Policía Nacional desarrolla una redada en Ceuta contra una organización criminal que presuntamente se dedica a blanquear dinero para la Mocro Maffia. Ese día se registran varias viviendas en la ciudad autónoma y de detiene a dos personas, supuestos testaferros de la trama. También se halló dinero en efectivo, pero no se intervino droga. Tampoco se localizó a siete de los investigados buscados, entre los que se encontraba Bouyakhrichan. El Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, que dirige el operativo, dicta órdenes de detención contra todos ellos.

8 de enero. Agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional consiguen localizar al capo mafioso en Marbella. Sin embargo, el operativo fracasa. “Se nos escapó. Le debieron dar un chivatazo y antes de que pudiéramos cazarle, huyo en moto”, recuerda fuentes policiales que participaban en aquella operación. No fue el único. Un familiar al que se investigaba y que estaba en Melilla también consiguió eludir la acción policial.

9 de enero. Bouyakhrichan acude a los juzgados de Marbella con sus abogados y hace lo que fuentes judiciales describen como “un amago de presentarse voluntariamente para ser detenido”. Sin embargo, ante de ver a ningún juez, sale del edificio. En ese momento es arrestado por agentes de la Policía Nacional. El presunto mafioso asegura que simplemente iba a tomar un café antes de que le recibiera el juez.

10 de enero. Al día siguiente de su arresto, comparece ante el juez y, a petición de la Fiscalía antidroga de Marbella, ordena su ingreso en prisión provisional acusado de un delito de blanqueo de capitales. Mientras tanto, las autoridades judiciales de Países Bajos preparan una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) ―un mecanismo puesto en marcha en enero de 2004 en la Unión Europea para acelerar la entrega de delincuentes entre países― contra Bouyakhrichan por narcotráfico. El documento se envía a la Audiencia Nacional, donde termina cayendo en manos del juez Ismael Moreno, que dicta una orden detención. Días después, este magistrado plantear al juez de Marbella la entrega del presunto capo a las autoridades holandeses, pero este se opone con el argumento de que el detenido estaba siendo investigado en España y no procede su extradición hasta que sea juzgado por estos hechos. Ante esta repuesta, el juez Moreno suspende la orden de prisión para no incumplir el plazo legal de 60 días que tenía para dar cumplimiento a la OEDE.

24 de enero. El juez de Marbella rechaza, con el apoyo de la Fiscalía, el recurso de reforma presentado por los abogados contra la orden de ingreso en prisión. Los abogados alegaban que no había “indicios racionales de criminalidad suficientes” contra su cliente y que no existía riesgo de fuga. Los letrados también esgrimían que otros tres detenidos por los mismos hechos se encontraban ya en libertad. Ante la negativa del juez a excarcelar a Bouyakhrichan, presentan un nuevo recurso, este de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.

1 de febrero. El fiscal antidroga de Marbella, Carlos Tejeda, presenta un escrito oponiéndose al nuevo recurso. En el documento, el representante del ministerio público insiste en que el arraigo que esgrime la defensa del capo no existe, que este posee una gran capacidad económica para intentar eludir la justicia y que, además, tiene nacionalidad marroquí, país al que podía intentar escapar ya que este no entrega a otros estados a sus ciudadanos. La Fiscalía recuerda en su escrito que las autoridades judiciales holandesas habían solicitado su entrega y esta se estaba tramitando en la Audiencia Nacional. En el escrito se reclama expresamente que se le mantenga en prisión para poder ejecutar esta entrega.

22 de febrero. Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictan un auto en el que, a pesar de reconocer que existe riesgo de fuga, estiman el recurso de los abogados de Bouyakhrichan y ordenan su excarcelación. Esgrimen que para evitar su huida son suficientes otras medidas “menos gravosas” de la prisión: le imponen una fianza de 50.000 euros, entregar su pasaporte, personarse en el juzgado más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir de España y la necesidad de que facilite un domicilio y un teléfono de contacto. En el auto no se cita en ningún momento la existencia de la OEDE enviada por las autoridades de Países Bajos. El presunto capo abandona ese día la cárcel y el juzgado comunica a la Audiencia Nacional esta circunstancia. “Nos sorprendió que pusieran en libertad a un delincuente de esta envergadura. Tiene un imperio en el que mueve mucho dinero y eso le da poder. Una fianza de 50.000 euros es calderilla para él”, señalan agentes que participaron en las pesquisas que desembocaron en su arresto. Fuentes de la Fiscalía también señalan que aquella decisión la consideraron “inexplicable”.

23 de febrero. Bouyakhrichany acude al juzgado de Marbella a entregar su pasaporte. A partir de ese día y hasta el 1 de abril, cumple con el requisito de personarse en un juzgado cada 15 días. Eso sí, nunca lo hace en el que se le investiga, sino en otros juzgados de la provincia, como los de Fuengirola o Rincón de la Victoria. La excarcelación provocó la reacción de las autoridades judiciales de Países Bajos, que envían a la Audiencia Nacional una ampliación de la OEDE en la que se hacía hincapié en la urgencia de que el presunto capo de la Mocro Maffia fuera entregado por la gravedad de los delitos que se le atribuían en aquel país. El juez de la Audiencia Nacional decide el 15 de marzo reactivar la orden de detención y citar al presunto mafioso.

22 de abril. Saltan las alarmas porque ha pasado una semana desde que Bouyakhrichany hubiera tenido que comparecer en un juzgado y no hay constancia de que lo haya hecho como le impuso la Audiencia Provincial de Málaga. Pese a ello, el juzgado de Marbella, conocedor de que a veces estos trámite tardan en ser notificados, decide no dictar aún una orden de busca y captura. No obstante, está en vigor la que sí había reactivado la Audiencia Nacional. La Policía Nacional reconoce que no sabe cuál es su paradero.

23 de abril. Sale a la luz pública que el capo de la Mocro Maffia está en paradero desconocido. La Fiscalía holandesa emite un comunicado en el que reafirma su intención “de procesar al acusado” y alaba la colaboración con las autoridades españolas, que califica de “buena”. “Nos está informando sobre los pasos de la petición de entrega”, añade el comunicado. “Antes de su detención, ya viajaba mucho. Vivía a caballo entre Dubái [emirato del golfo Pérsico al que la Agencia Antidroga de EE UU considera un paraíso para delincuentes internacionales] y Marbella, y se movía por Ceuta, Melilla y Marruecos”, apunta fuentes policiales que reconocen que volver a detenerlo por segunda vez no será una misión fácil.

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