De “escándalo” a “prevaricación”: el Supremo indigna a los aliados del Gobierno | España

Del siempre más comedido PNV a la contundencia de EH Bildu, Podemos o BNG, los aliados parlamentarios del Gobierno descalifican al Tribunal Supremo por negarse a aplicar a los delitos de malversación la ley de amnistía que apoyaron en el Congreso. Estas formaciones lo interpretan como un ataque a la potestad legislativa de las Cortes. Lo que ha hecho el Supremo equivale a “no reconocer la soberanía popular que se expresa en el Parlamento”, denunció el secretario de la Mesa del Congreso y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, quien añadió: “Los jueces tienen que aplicar la ley, porque lo contrario es prevaricar”. El PNV también recordó que es en el legislativo “donde reside la soberanía popular” para lamentar que la ley elaborada en las Cortes “se vea interpretada ahora de un modo restrictivo” por el Supremo.

La decisión del alto tribunal no ha sorprendido a nadie en el Congreso. El PP llevaba tiempo dando por hecho que la justicia no aplicaría la amnistía. Alberto Núñez Feijóo lo anticipó cuando se aprobó definitivamente en la Cámara y en los últimos días los populares insistían en el vaticinio para atacar al Gobierno. En la sesión de control del pasado miércoles, Cayetana Álvarez de Toledo se amparó en un artículo en El Mundo del catedrático Enrique Gimbernat para proclamar que “la malversación no es amnistiable” e ironizar ante el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: “Confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake”.

Pese a la falta de sorpresa, el contenido del auto redactado por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue recibido con indignación en el bloque de partidos que sostienen al Gobierno. Marchena no solo enmienda la plana al Congreso en la interpretación del delito de malversación, sino que se permite introducir comentarios sobre la “precipitación” con que se aprobó la ley, los cambios introducidos durante su trámite o lo “extenso” de su preámbulo.

En público, los socialistas han evitado cualquier comentario que pudiera interpretarse como un choque con el Supremo. No así sus socios de Gobierno. El más duro fue Pisarello, con cargo institucional en la Mesa y miembro de los comunes: “Si [los jueces del Supremo] tienen dudas, planteen cuestiones de constitucionalidad. Y si quieren hacer política, se presentan a las elecciones. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza desde el punto de vista jurídico”.

Los dos grupos independentistas catalanes tampoco hicieron valoraciones en el Congreso y se remitieron a los airados reproches formulados por sus jefes en Cataluña. Las dos formaciones vascas sí entraron a la crítica. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, compartió en X un hilo muy comentado del profesor de Derecho José Luis Martí, con acerbas críticas al Supremo, y añadió una cita del jurista francés del siglo XVII Arnaud Oihenart: “El juez soberbio retuerce la ley como quiere”. La dirección de los nacionalistas vascos recriminó que “en el momento en que empezaban a darse pasos en positivo hacia la despolitización de la justicia”, el Supremo actúe “en dirección opuesta”.

Mucho más expeditivo se mostró el portavoz de justicia de EH Bildu, Jon Iñarritu. “Es una prevaricación de libro, incluso con alegatos de apología de la misma, aplicando principios contrarios al derecho en una interpretación torticera de la que hacen gala. Prevaricación con orgullo”, declaró. Iñarritu opinó que el Supremo no solo se mueve por “ánimo de venganza contra el independentismo catalán” sino que “actúa contra el actual Gobierno”. Y en ese sentido aludió a la necesidad de plantear medidas para hacer frente a la “derechización de la justicia”.

En una línea parecida, el BNG reclamó al Gobierno “medidas de regeneración democrática reales” ante la constatación de “la existencia de lawfare [guerra judicial o judicialización de la política]”. “Los jueces y juezas deciden intervenir políticamente, cosa que es tremendamente escandalosa”, afirmó un portavoz de los nacionalistas gallegos en el Congreso. Los diputados de Podemos denunciaron asimismo que el Supremo ha decidido ignorar una ley “emanada del poder legislativo”, aunque aprovecharon para criticar al PSOE por el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial e insistieron en su tesis de que ese pacto consagra “una Gran Coalición que rompe la mayoría democrática”, en palabras de Irene Montero. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez pero votó contra la amnistía, declinó hacer comentarios.

En el PP todo fueron muestras de satisfacción, al igual que en Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ya había tuiteado el lunes comentando la decisión del Supremo: “Un poco de decencia en medio de tanta ignominia”.

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