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El Constitucional francés ha anulado este jueves las medidas más discriminatorias de la polémica ley de inmigración adoptada en diciembre. Entre otros artículos, los llamados sabios han declarado contrarias a la ley fundamental las restricciones para los extranjeros del acceso a las prestaciones sociales, restricciones que podían entenderse como una forma de “preferencia nacional”, eslogan histórico de la extrema derecha.
El Consejo Constitucional ―equivalente francés al Tribunal Constitucional español y presidido por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius― ha censurado, total o parcialmente, 37 artículos de los 86 que contenía la ley. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, pese a impulsar él la norma, pidió tras su adopción a los sabios que la evaluasen, y declaró que creía que varios artículos eran anticonstitucionales.
La ley era el resultado de un acuerdo entre los partidarios de Macron y la derecha de Los Republicanos (LR), el partido hermano del PP en Francia. En la Asamblea Nacional, contó, además, con el voto a favor de Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, quien celebró una “victoria ideológica” para los suyos.
En las negociaciones parlamentarias, LR impuso a los macronistas artículos que endurecían el texto inicial, y que son precisamente muchos de los que el Constitucional ha censurado. La adopción de la ley con el aplauso de Le Pen provocó una crisis en las filas presidenciales.
Decenas de diputados votaron en contra o se abstuvieron en la Asamblea Nacional, y el ministro de Salud, Aurélien Rousseau dimitió. A principios de enero, Macron cambió a la primera ministra, la tecnócrata Élisabeth Borne, por el joven y hábil Gabriel Attal, y apartó a varios ministros de ala izquierda del Gobierno.
La decisión del Constitucional elimina las aportaciones de LR a la ley y la devuelve a un formato más parecido al original, tal como Macron la había concebido. Es posible que sirva para calmar el malestar entre el macronismo socialdemócrata con lo que considera un giro derechista de un movimiento que empezó siendo transversal, ni de izquierdas ni de derechas.
La decisión es, sobre todo, un revés para LR y para la extrema derecha, que ven cómo la más alta autoridad constitucional declara que la ley por la que votaron ―y que aplaudieron con entusiasmo― es contraria a la Constitución. Ahora podrían volver a proponer otra ley. O iniciar una reforma constitucional para eliminar los artículos discriminatorios del texto de 1958.
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