El Gobierno nombrará el viernes nuevo director de la agencia antidopaje

El Consejo Rector de la agencia española antidopaje (CELAD), presidido por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se reúne el viernes 26 de enero, mediante videoconferencia. En el tercer punto del orden del día figura la posible renovación de confianza en el director de la agencia desde 2017, José Luis Terreros. La redacción de la cuestión es un eufemismo. Hace tres semanas, Uribes, también presidente de la agencia y del CSD, ya anunció públicamente que convocaría el consejo para destituir a Terreros si este no dimitía antes, lo que agradecería que hiciera. Este anunció de entrada que por supuesto que dimitiría porque no podía trabajar con alguien que dudara de su honestidad y encima se lo comunicara a todo el mundo y pidiera a la Fiscalía que estudiara si había delinquido. Solo pidió tiempo para explicarse ante el mundo. Lo hizo a través de entrevistas con varios medios, pero finalmente decidió seguir y esperar al acto formal de su destitución, en el que participará como uno de los 10 miembros del Consejo Rector. “Participaré en la reunión aun sabiendo que mi suerte está echada, volveré a explicarlo todo, recogeré mi despacho y me iré a casa”, dice Terreros, de 68 años, quien a veces lamenta no haberse jubilado antes.

La crisis en la agencia que acabará con su director más duradero y parte de su equipo comenzó en Navidades con la publicación en varios medios de la denuncia de irregularidades presentada en septiembre en el Ministerio de Cultura, primero, y, posteriormente, en el de Educación (en el mes de noviembre, con el nombramiento del nuevo Gobierno, la responsabilidad de Deportes pasó de un ministerio al otro) por una antigua jefa de servicio de la CELAD que explicaba que había sufrido represalias en la agencia por parte de Terreros “por haber detectado actuaciones irregulares en el control y sanción”. La funcionaria, a la que la agencia había abierto un expediente, denuncia que en julio de 2019 no se abrió expediente sancionador a un deportista por un deportista –el caso de Patrick Chinedu, velocista positivo por nandrolona, según informó ElDiario.es–, y posteriormente desgrana sus acusaciones: “uso irregular de fondos públicos para el abono a empresas privadas de servicios de tomas de muestras realizadas con un solo agente de control” (contrato con la agencia alemana Professional Worldwide Control), “resultados analíticos adversos sin sanción”, “concesión irregular de autorizaciones de uso terapéutico con efecto retroactivo” y “concesión irregular de habilitaciones de agente de control”. Posteriormente, a lo largo de diciembre, la denunciante presentó nuevos casos de presuntas irregularidades. Todo ello acompañado de documentación oficial.

Cuando la información de la denuncia se hizo pública en los medios, Uribes anunció que la enviaría a la Fiscalía General para que decidiera si los hechos denunciados eran susceptibles de ser considerados delito, le pidió a Terreros que dimitiera, o si no le destituiría. En la Fiscalía General, informan de que está en estudio la muy voluminosa documentación que acompaña al informe enviado por el CSD “de cara a ver su posible remisión a una Fiscalía” que ponga en marcha un procedimiento si considera que es indicio de delito.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) también emitió un comunicado de condena a Terreros, la misma agencia que regularmente estaba al tanto de todos los problemas y exigía soluciones que después aplaudía.

Meses antes, un abogado extrabajador de la agencia había denunciado irregularidades similares ante el Tribunal de Cuentas, que aún no se ha pronunciado, y en Transparencia.

Terreros explicó que varias sentencias de la Audiencia Nacional sobre el pasaporte biológico y la posibilidad de que fueran impugnadas sanciones si el control había sido realizado por un solo agente le llevó a tomar la decisión de no actuar hasta que tuviera claro el recorrido jurídico de sus acciones, y que no era problema porque los casos prescriben a los 10 años y habría tiempo. También dijo que llevan dos años sin abonar a PWC controles realizados por un solo agente, que no son tantos.

El responsable elegido por un Consejo Rector compuesto, bajo Uribes y junto a Terreros, por seis representantes de otros tantos ministerios, uno de las federaciones deportivas y otro de las comunidades autónomas, será el sexto director en los 17 años de existencia de una agencia creada en 2008 tras la aprobación de la primera ley antidopaje en España. La dirección de Terreros, nombrado en 2017 por José Ramón Lete, secretario de Estado de Deportes en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha estado supervisada y aprobada por cinco presidentes de la agencia antidopaje diferentes: Lete, en un Gobierno del PP, y los socialistas María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco y Víctor Francos.

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