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El Gobierno da marcha atrás. La parte socialista del Ejecutivo ha solicitado a primera hora de esta mañana la retirada del orden del día del Pleno la votación del proyecto de ley de modificación de la ley del Suelo «para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral». A escasas horas de que arranque la campaña para los comicios europeos del próximo 9 de junio, los socialistas iban a recibir un nuevo varapalo parlamentario. Sin el apoyo de sus socios de investidura y de coalición -Sumar tampoco iba a votarla-, el PSOE quedaba en manos del PP, que no iba a salvar al Gobierno.
La decisión busca no solo garantizar su tramitación fuera del clima electoral, sino evitar una nueva foto de derrota parlamentaria después de que la Cámara tumbara el martes la toma en consideración de su proposición de ley para prohibir el proxenetismo. Sin embargo, más allá de salvar esta situación, la imagen de debilidad aritmética del Ejecutivo es total y va más allá de su dependencia de los partidos independentistas, en concreto, Junts.
En Moncloa existe un profundo malestar con Sumar y Yolanda Díaz que, en las últimas horas, ha dejado solo al PSOE. Aunque en este caso sus votos no eran imprescindibles, lamentan en el Ejecutivo que la norma emanaba directamente del Consejo de Ministros -no es una propuesta de partido, sino del Gobierno del que forman parte- y que con esta actitud contribuye a dar carta de naturaleza al relato de inestabilidad que enarbola la derecha.
Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que se trata de una norma demandada por los ayuntamientos, en un carta firmada por la FEMP, por las CC AA, en la Declaración Xacobeo 21-22, y por todo el sector. «Se trata de un proyecto de ley que se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España. Es un proyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos y una Ley que ofrece más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030» aseguran fuentes de Vivienda.
Pese a que los socialistas se han quedado solos, los ataques se dirigen directamente contra el PP por su «falta de sentido de Estado». «Han primado sus intereses electoralistas a una demanda de Ayuntamientos y CC AA, para favorecer el desarrollo de vivienda pública».
