El Gobierno y los independentistas blindan a los CDR y a Puigdemont en la ley de amnistía

El Gobierno ha accedido a otro retoque en la ley de amnistía en un intento de blindar al máximo a activistas y dirigentes como el propio expresident Carles Puigdemont de las acusaciones de terrorismo que les imputan algunos jueces. El texto de la propuesta que aprobó este martes la Comisión de Justicia del Congreso, para su debate final en pleno la próxima semana, amplía el alcance de las medidas de gracia, que será aplicables también a delitos de terrorismo siempre que no haya habido “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. En esos casos en que no haya habido daños a personas, la amnistía se aplicará incluso a los condenados en sentencia firme, una posibilidad que se excluía en el primer borrador de la ley pero que al final el PSOE y Sumar han accedido a retirar tras pactar con los independentistas catalanes y vascos.

Lo que se apunta como el texto final de la ley, que el pleno del Congreso votará la próxima semana, ha salido este martes de la comisión con el aval de las formaciones del Gobierno y sus aliados parlamentarios, y el rotundo rechazo, en términos muy aparatosos, de los partidos de la derecha. La portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, ha llegado a decir que la propuesta “elimina el poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades”.

Los independentistas catalanes presionaban desde la pasada semana para recortar las pretensiones del PSOE de dejar fuera de la amnistía los delitos de terrorismo con sentencia firme. Sobre la posición de ERC y Junts pesaban las recientes actuaciones de varios jueces, que acusan de terrorismo no solo activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) por actos de sabotaje y disturbios callejeros, sino al propio Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero. Los socialistas acabaron accediendo a una enmienda pactada con ambas formaciones, Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos. Los delitos de terrorismo se podrán amnistiar, incluso tras una condena judicial firme, “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. Las disposiciones del convenio citado abarcan sustancialmente asesinatos y torturas.

La redacción del nuevo artículo evidencia claramente la voluntad de salvaguardar a Puigdemont y Rovira ante las controvertidas acusaciones del juez Manuel García-Castellón. El magistrado de la Audiencia Nacional insiste, contra la opinión de la Fiscalía, en atribuirles un delito de terrorismo por el infarto que causó la muerte a un turista en francés en octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat mientras el aeródromo se encontraba bloqueado por activistas en una protesta que supuestamente habían alentado ambos políticos desde el extranjero. La introducción de la cláusula que establece que las violaciones de derechos humanos excluidas de la amnistía tendrían que haber sido provocadas “de forma manifiesta y con intención directa” protege de forma inequívoca a Puigdemont y Rovira frente al caso instruido por García-Castellón. Lo expresó con toda claridad el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, al señalar que esta nueva disposición pretende “superar la imaginación de algunos jueces”. Otros portavoces, como Gerardo Pisarello, de Sumar, y Pilar Vallugera, de ERC, aludieron de forma expresa, con durísimos ataques, al magistrado de la Audiencia Nacional.

El PSOE y los independentistas pactaron además una segunda enmienda que pretende garantizar que las medidas cautelares y las órdenes de detención como la que tiene vigente Puigdemont en España se levantarán en cuanto entre en vigor la ley, aunque los jueces que tengan que aplicarla planteen objeciones ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea, informa Reyes Rincón. El texto inicial solo concretaba que esas medidas cautelares se alzarían “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad”, pero no precisaba qué ocurriría si un juez preguntaba al Tribunal de Justicia de la UE la vía por la que previsiblemente van a optar muchos tribunales. ERC y Junts habían presentado enmiendas para ampliar esos supuestos, rechazadas al principio por el PSOE y ahora consensuadas en un texto genérico.

ERC y Junts se dieron por satisfechos al haber alcanzado su propósito de contar con una “amnistía integral”, en palabras del diputado de esta última formación Josep Maria Cervera, que no dejará fuera a ninguno de los encausados por su implicación en los sucesos del otoño de 2017 y sus secuelas. Ambas formaciones negaron con mucho énfasis que se pueda tildar de violento al independentismo catalán. Lo sucedido hace seis años, aseguró Vallugera, de ERC, no constituyó un crimen sino “un acto de radicalidad democrática de la sociedad catalana”.

Francisco Aranda, del PSOE, defendió que la amnistía, lejos de vulnerar la Constitución, “fortalece los lazos que nos unen a ella”. “La Constitución no está en riesgo cuando se trabaja por la convivencia”, agregó. “Hoy es más fuerte que nunca”. La derecha alegó justo lo contrario y apeló para ello al informe de los letrados de la propia comisión que expresó dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta. Carlos Flores, de Vox, hizo gala de su condición de catedrático de Derecho con una intervención muy jurídica, basada en el argumento de que la Ley Fundamental, aunque no alude a las amnistía, sí proscribe los indultos generales, “y si se prohíbe lo menos, entonces también se prohíbe lo más”, sentenció.

Los ataques del PP fueron incluso más lejos que los de Vox. Además de dar por liquidado el poder judicial, la diputada Moro manifestó que a partir de ahora “el Gobierno queda deslegitimado para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes” tras haber cometido un acto de “corrupción en estado puro”. Moro llegó a atribuir a la ley un alcance que difícilmente se puede deducir de sus artículos, como la supuesta amnistía a “los trapicheos de la familia Pujol”. Por si la postura del PP no estuviese suficientemente pregonada, mientras la comisión votaba las enmiendas y el texto final, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, convocó a la prensa frente a la puerta de la sala donde tenía lugar el debate para denunciar, una vez más, la “humillación” que supondrán las medidas de gracia.

Junts todavía mantiene viva una enmienda, rechazada por el PSOE, que pretende suprimir cualquier alusión al terrorismo, sea de la naturaleza que sea. La llevará ante el pleno del Congreso, previsto en principio para el día 30, pero fuentes de las formaciones del Gobierno señalan que el margen para le negociación quedó agotado este jueves.

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