El juez se prepara para interrogar a Begoña Gómez sin aclarar las claves de la investigación | España

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una cita este viernes con el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Si no se producen cambios de última hora, la pareja del jefe del Ejecutivo se sentará ante el juez a partir de las 10 para declarar como imputada en una causa que la oposición, con el PP a la cabeza, ha convertido en la gran arma arrojadiza contra el dirigente socialista. “¿Sánchez entrará al juzgado escondido con su mujer?”, arremetía el PP contra el presidente del Gobierno horas antes de la cita de su mujer con el juez Peinado. La defensa ha venido denunciado, reiteradamente, que no se le ha concretado qué se le imputa a Gómez y que contra ella se impulsa una investigación prospectiva.

A primera hora de la mañana de este viernes, la Policía Nacional ha blindado los accesos a los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se producirá la comparecencia. También se ha tomado la inusual decisión de limitar el acceso de la prensa al edificio; y, a su vez, se ha restringido los movimientos de los periodistas apostados a las puertas, a quienes se les ha congregado en una zona concreta. Por su parte, a varios manifestantes que han acudido hasta el lugar se les ha trasladado hasta el otro lado de la calle del Paseo de la Castellana, donde se sitúan los juzgados.

Desde que se conociera su citación, cada detalle de la declaración ha gozado de una enorme repercusión mediática. La propia defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó el miércoles al magistrado que no se grabe la imagen del interrogatorio (que solo se capte el sonido). Pero, de momento, no se conoce si Peinado ha tomado una decisión al respecto —la cual, además, puede comunicar justo antes de que empiece—. En cambio, sí se ha acordado ya que la mujer del presidente pueda acceder en coche por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla por motivos de “seguridad”, lo que le permitirá ahorrarse el paseíllo ante las cámaras de televisión apostadas ante el edificio.

La juez decana María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha tomado dicha decisión tras recibir la petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, argumenta que se ha constatado “que existe un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez”. Se habían convocado movilizaciones ultras a las puertas del juzgado a la hora de la declaración. Entre otras, la asociación ultracatólica Hazte Oír, personada además como acusación popular en el proceso, había animado a concentrarse allí, pero después ha anunciado en sus redes que la Delegación del Gobierno lo ha prohibido.

A falta de conocer si Begoña Gómez decide acogerse a su derecho a no declarar —la ley le permite no responder las preguntas de nadie, incluido las del juez y el fiscal, o contestar solo a las partes que quiera—, fuentes de su defensa creen que la comparecencia ante el magistrado no durará mucho. A su vez, las resoluciones dictadas por el juez Peinado en los últimos días ya permiten conocer algunos pormenores de cómo se desarrollará la cita. En una resolución dictada el lunes, el instructor afirmó que detallará a la mujer del presidente “los hechos que se le imputan”, después de que su abogado haya denunciado reiteradamente que no se le han concretado y que se está impulsando contra ella una investigación prospectiva, además de insistir en que un informe elaborado ya por la Guardia Civil no detectó ninguna irregularidad.

Paralelamente, el instructor ha delimitado el papel de las cinco acusaciones populares personadas en el caso: el partido de extrema derecha Vox; el pseudosindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia original que dio lugar a la apertura de la causa; y los colectivos Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España y Partido Político Iustitia Europa. Según consta en una resolución dictada este miércoles, los abogados de las cinco acusaciones podrán estar presentes en el interrogatorio a Begoña Gómez, pero solo el de Vox podrá preguntarle. Si alguno de los otros cuatro quiere hacer una cuestión, deberá comunicársela al representante de la formación de Santiago Abascal para que la exponga este. En ese mismo escrito, Peinado anuncia que se devolverán 7.000 euros a cada una de las acusaciones populares, de los 10.000 que les impuso como fianza para poder personarse en el sumario.

Casi tres meses de pesquisas

Las pesquisas contra Begoña Gómez arrancaron el 16 de abril, cuando el juez dictó un auto para abrir diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Ese mismo día, el magistrado ya le otorgó la condición de investigada a la mujer del presidente, aunque hasta el 4 de junio —solo cinco días antes de la celebración de las elecciones europeas— no dio el paso de citarla a declarar como imputada. Y fijó la cita para más de un mes después, viernes 5 de julio.

Durante estos tres meses de instrucción, el sumario se ha convertido en una montaña rusa, con una enorme repercusión amplificada por la condición de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que se ha erigido también en la diana de la oposición. No solo la extrema derecha se ha lanzado contra ella —Vox y los ultracatólicos de Hazte Oír se han sumado a la causa como acusaciones populares—, sino que el PP ha centrado sus ataques en la mujer del jefe del Ejecutivo para desgastar al Gobierno. “Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión”, dijo el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana.