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El patrimonio medio de las personas que tienen que declarar el impuesto a las grandes fortunas asciende a 22 millones de euros, según ha precisado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una intervención parlamentaria. Montero respondía así a una pregunta del portavoz económico de Vox, José María Figaredo, que plantea la cuestión a partir de qué umbral de renta el Gobierno considera a una persona rica en España.
La ministra de Hacienda ha defendido el gravamen sobre las grandes fortunas para que los grandes patrimonios de todos los territorios, incluídos los de Madrid, Andalucía, y otras autonomías que tienen bonificado el impuesto de patrimonio, contribuyan al estado de bienestar, según ha explicado durante la sesión de control del Gobierno en el Congreso.
El líder de Vox en Asturias ha aseverado que, según el criterio de la Agencia Tributaria, una persona que gane más de 30.000 euros al año ya es considerada rica, unos ingresos que puede percibir “un conductor de autocares urbanos”, un “operario de maquinaria” o un “enfermero” en un hospital. “Esos son los que ganan más de 30.000 euros y son los que la Agencia Tributaria considera ricos, que no son el típico ejemplo que todos pensaríamos cuando nos viene a la cabeza un rico”, ha apostillado el diputado del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, ese nivel de renta está entre los tres primeros tramos de gravamen de los seis que tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
La vicepresidenta primera ha recordado que en la legislatura pasada se aprobó el impuesto temporal a las grandes fortunas, que afecta aquellos patrimonios superiores a los tres millones de euros y que en 2023 recaudó 623 millones de euros. A juicio de María Jesús Montero, este tributo supone “justicia fiscal”, pues a estos contribuyentes con grandes patrimonios se les pide “un mayor esfuerzo”, del mismo modo que a las energéticas y a las financieras, para las que también se creó un impuesto temporal a tenor de sus “beneficios récord”. “Se le pide, en definitiva, un mayor esfuerzo a aquellos que pueden pagar para que se beneficie el conjunto de la mayoría social de nuestro país, el Estado del Bienestar”, ha remachado.
Figaredo es el parlamentario de Vox que el pasado abril cometió un tremendo error sobre el funcionamiento del impuesto sobre la renta. Desde su escaño en el Congreso aseguró que “un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo internacional (SMI), Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran”. La intervención de este parlamentario fue muy criticada porque no se ajusta a la realidad. La ministra de Hacienda, muy sorprendida por el error de bulto de Figaredo le respondió: “¿Como que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? Pero, ¿quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Los mismos que siempre le dan los datos al PP”. La ministra explicó que “esa renta de SMI está exenta del pago del IRPF”. El Gobierno modificó la normativa del IRPF para que con la mejora del SMI los trabajadores no tuvieran que tributar por ese aumento salarial.
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