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La sensación de campaña electoral es permanente en España, incluso cuando no hay unos comicios convocados. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y sus dos principales lugartenientes, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, ya identifican la situación de Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez, como un caso para sentarla “en el banquillo de la corrupción” sin que el juez que la ha citado para declarar este viernes le haya expuesto siquiera por qué indicios de delito continua la investigación. Los populares ya la han sentenciado políticamente sobre la base de una serie de informaciones periodísticas más relacionadas con procesos administrativos y de contratos que de ninguna ilegalidad. Tellado quiso caricaturizar a Sánchez y Gómez como “los Kirchner de España”. Gamarra anticipó que Gómez se ha aprovechado en su trabajo “de ser la mujer del presidente” y ha cometido “un claro conflicto de intereses”. Ni la Oficina del Conflicto de Intereses ni la Justicia han fallado nada en ese sentido.
Tras el espejismo de una tregua política por el pacto entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo y su núcleo duro de confianza han emprendido una deriva en la que cabe al mismo tiempo cuestionar la neutralidad del Tribunal Constitucional y presionar al juez que investiga el caso de Begoña Gómez a unas horas de tomar declaración, por primera vez en nuestra democracia, a la esposa de un presidente en ejercicio. La cita judicial está fijada para este viernes en la plaza de Castillla, y aún está por ver si la mujer de Pedro Sánchez tendrá que padecer la pena del paseíllo ante la marabunta de medios de comunicación que querrán inmortalizar el momento. Lo que el PP sí pretende es que antes incluso de que el juez la interrogue Begoña Gómez se vea sometida a la acusación de verse sentada “en el banquillo de la corrupción”.
El martes, en su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, repitió varias veces ese mensaje del “banquillo” como si la esposa de Sánchez ya hubiese sido juzgada o procesada y no se permitió aclarar que el caso por el que está investigada está en sus primeros pasos y con un informe de la Guardia Civil sin rastro de los delitos que se investigan. Feijóo remachó: “Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión”. El juez que ha iniciado esta causa, Juan Carlos Peinado, ha anticipado que será este viernes, en “su primera comparecencia” como investigada, cuando se comunicarán a Begoña Gómez “los hechos que se le imputan”.
La causa contra la mujer de Sánchez tiene su origen en una denuncia del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, admitida en abril y basada en ocho titulares de prensa —uno de los cuales era un bulo publicado por The Objective—, en la que ese colectivo relacionaba a la esposa del presidente con el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de las ayudas concedidas por Red.es, o con Javier Hidalgo, exconsejero de Air Europa, compañía rescatada por el Gobierno durante la pandemia. El juez admitió el 6 de junio otra querella de la organización ultracatólica Hazte Oír para indagar sobre “la puesta en conocimiento de nuevos hechos que pudieran ser merecedores de ser investigados” y Peinado ha precisado en los últimos autos que el viernes indicará sobre todo lo que persigue investigar.
La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, ya intentó acotar las posibles actuaciones de Peinado al indicarle que solo debía investigar los contratos de la compañía Red.es, cuya investigación reclamó para sí y consiguió la Fiscalía Europea por nutrirse de fondos europeos. En el caso de Globalia, el mismo juez ha dictado una providencia en la que requiere a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que remita el expediente de todas las ayudas otorgadas a la aerolínea (475 millones de euros, una de las más bajas dadas a esas compañías en Europa en la pandemia) con el fin de aclarar si los vínculos entre Gómez y el entonces consejero delegado de esa firma, Javier Hidalgo, tuvieron alguna influencia.
El juez, sin embargo, ha continuado sus indagaciones genéricas del caso, por lo que la defensa de Gómez le ha acusado de llevar a cabo una “investigación prospectiva” prohibida por la Ley.
El PP de Feijóo se ha agarrado a ese clavo judicial y, sobre todo en los últimos días, a una catarata de informaciones en algunos medios (especialmente El Mundo y El Confidencial) para amplificarlas, distribuirlas en sus canales y redes sociales y llegar a la conclusión que Miguel Tellado, su portavoz en el Congreso, escribió este miércoles en su cuenta de X (antes Twitter): “Avanza la semana fantástica de la corrupción”.
Comisión del ‘caso Koldo’
La línea de ataque más evidente del PP en esa estrategia se dirige ahora hacia Begoña Gómez sin querer citarla aún en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, como podría gracias a su mayoría absoluta en esa cámara, pero para apuntar contra el presidente Sánchez y su familia. Tellado lo resumió a su manera: “Pedro Sánchez y Begoña Gómez son los Kirchner de España, creen que están por encima de la ley y que no están obligados a rendir cuentas ante nadie”.
La número dos del PP, Cuca Gamarra, se vio así de nuevo obligada a forzar sus metáforas ante el nivel mostrado por Tellado y dictaminó que ahora en la España que preside Sánchez se está produciendo “el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción de la historia de la democracia”, porque defiende que el Gobierno está gangrenado por la trama del caso Koldo, ha rebajado condenas, indultado a corruptos e intentado amnistiar la malversación de sus socios independentistas de investidura. “Lejos de luchar contra la corrupción, Sánchez la ampara y da facilidades a los corruptos”, afirmó la secretaria general del PP, que presumió de ser la alternativa por no dar “ni un milímetro de oxígeno” a la corrupción sin recordar que es un partido condenado hasta tres veces por la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, una trama de corrupción masivo que anidó en el PP durante más de una década.
Gamarra llegó incluso a certificar antes de la comparecencia de este viernes que “la mujer de Pedro Sánchez se ha aprovechado de su posición como mujer del presidente del Gobierno para tener acceso a empresas y fondos”. Y la secretaria general del PP mencionó ahí una información de portada de El Mundo en la que se reseña que Gómez como directora de una cátedra pudo concertar de manera irregular al hacerlo verbalmente un contrato de 24.200 euros con una empresa para un trabajo que efectivamente se hizo y que la vicerrectora de la Universidad luego validó. Los populares también agregaron a esa amalgama de denuncias otras informaciones de El Confidencial en las que se relata que Gómez cobró algo más de 6.817 euros al año por un master legal que dirige en esa Universidad en el que participaron directivos de 14 empresas, públicas y privadas.
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