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El viraje ha sido total en una semana. Desde el pasado viernes, cuando Alberto Núñez Feijóo garantizó la “solidaridad” de las comunidades gobernadas por el PP con la acogida de menores inmigrantes llegados a Canarias, a este jueves, cuando su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, pidió el despliegue del Ejército en las costas africanas, el PP ha recorrido un largo trecho en su posición ante el fenómeno migratorio. Los populares han dado un giro de 180 grados respecto al planteamiento inicial del líder popular, agitando ahora sin ambages el miedo a la llegada de inmigración y desviando el foco sobre el debate abierto para el reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, un territorio gobernado por el PP con Coalición Canaria, y que ha superado todos los límites de sus sistemas de acogida (el gobierno insular tutela en este momento 5.500 menores migrantes). A seis días de que el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnan en la conferencia sectorial para abordar una reforma legal que haga obligatorio el reparto de los menores (según lo pactado por los ejecutivos central y canario), Génova teje un relato que torpedea las posibilidades de acuerdo y no oculta las razones de su volantazo discursivo: el temor a que los ultras (Vox y Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez), capitalicen políticamente un repunte de llegadas de extranjeros este verano.
El encargado de abrazar una propuesta que lleva años defendiendo Vox fue uno de los principales escuderos de Alberto Núñez Feijóo, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, lo que confirmó que no se trataba de una posición improvisada. Al contrario, fuentes de la dirección popular remachan que la idea de desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar la llegada de inmigración irregular forma parte de un paquete de medidas que la cúpula consensuó el lunes en una reunión en la que participaron los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y en la que se definió la posición del partido. “Estamos muy preocupados por lo que viene”, afirman estas fuentes. En la dirección del PP reconocen, al mismo tiempo, que ante un verano caliente de llegadas “o se hace algo, o quien va a crecer va a ser la extrema derecha”.
Ese algo, según el PP, pasa por el momento por hacer propia una propuesta de la extrema derecha, que tiene la paternidad de la idea de desplegar al Ejército frente a la inmigración irregular, aunque el exlíder del PP Pablo Casado también lo planteó en 2021 tras un viaje a Grecia y Chipre. Este jueves, el portavoz popular Miguel Tellado defendió la activación de la Armada, aunque no supo precisar en qué aguas ―“en el entorno del norte de África y en las islas Canarias”, dijo, sin más concreción― y con qué cometido específico, teniendo en cuenta que los buques de guerra, como cualquier otro, están obligados a aplicar el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo, que obliga a rescatar embarcaciones en peligro. Y que no pueden entrar en aguas territoriales (12 millas) de los países africanos sin su autorización y mucho menos desembarcar inmigrantes, informan fuentes militares. “El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”, sostuvo el portavoz parlamentario del PP.
Ante las palabras de Tellado, el líder de Vox, Santiago Abascal, salió rápidamente a reprochar al PP sus vaivenes con la inmigración mientras reivindicaba la autoría de la propuesta. “El PP está estafando a sus electores. Votó a favor de regularizar a medio millón de personas. El PP es responsable del efecto llamada. El señor Feijóo está diciendo que hay que repartir a los menores por toda España y eso conduce al efecto llamada. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y luego votan para que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox, como la de enviar la Armada a vigilar los mares y combatir el tráfico de seres humanos”.
La vuelta de tuerca del discurso del PP, mientras agita el temor a una llegada masiva de inmigrantes y pone piedras en el camino del acuerdo para el reparto de menores no acompañados llegados a Canarias. Varios presidentes autonómicos del PP son muy reacios a aceptar el pacto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado con el Ejecutivo canario para hacer obligatorio por ley el reparto de menores, y ven imposible un acuerdo en la reunión sectorial del próximo día 10 de julio. En privado, fuentes de la dirección popular evitan descartar un pacto, pero sí lo enfrían mientras inciden en que hay que buscar fórmulas voluntarias y no forzosas para las autonomías. “Las comunidades tienen que ser solidarias con Canarias y resolver el problema de los menores no acompañados y ser solidarias en la atención a esos menores, que son personas y que merecen un trato humanitario, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es tapar la brecha ante la inmigración irregular que llega a nuestro país a través de mafias que trafican con personas”, incidió este miércoles Tellado.
Los socios del Ejecutivo progresista salieron en tromba a cuestionar la propuesta del PP y la ministra de Defensa, Margarita Robles ―quien sostuvo que las palabras de Tellado le producían “sonrojo”― descartó la intervención del Ejército. “Le pido a Tellado y a todo el PP, que alardea de ser un partido de Estado, que tenga un mínimo de responsabilidad, rectifique lo que ha dicho y respete la labor de las Fuerzas Armadas”, reclamó. El portavoz socialista, Patxi López, inquirió al PP: “¿Qué será lo próximo? ¿bombardear los cayucos?”.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, ya descartó en noviembre de 2020 la propuesta de Vox de aplicar un bloqueo naval. Y señaló que la obligación “legal y moral” de un buque de guerra en caso de encontrar una patera sería rescatar a sus ocupantes, no impedir su avance. Buques de la Armada participaron, en 2006, en la llamada crisis de los cayucos, pero su misión fue humanitaria y de rescate ante la gran cantidad de naufragios que se produjeron. Además, proponer el despliegue de “una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos salgan”, como dice Tellado, implica dar por hecho que los países africanos aceptarían que militares extranjeros patrullasen sus costas sin que mediase un acuerdo de interés mutuo. España ya tiene desplegada a la Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia para ayudar a esos países, tras llegar a acuerdos con sus autoridades.
La inmigración irregular está al alza en España, en línea con el resto de fronteras europeas, que se ven presionadas, entre otras cosas, por el agravamiento de conflictos en el Sahel, Sudán o Siria. En 2023, España cerró con casi 57.000 entradas irregulares (un 82% más que el año anterior), un repunte que se explica por una nueva reactivación de la ruta Canaria. El foco este año también está en las islas, adonde han llegado más de 19.000 personas, casi el 80% de las que han logrado entrar de forma irregular en todo el país. Los principales puntos de salida de las embarcaciones hacia España son Mauritania, Marruecos, Senegal y Argelia. En cualquier caso, el PP vincula la inmigración a la irregularidad, cuando la realidad es mucho más compleja y la irregularidad es solo un recorte del fenómeno. Cuando se usa la inmigración como arma política, no se suele tener en cuenta que la mayoría de los extranjeros que vienen a instalarse en España —cientos de miles de personas todos los años— viajan en avión y, principalmente, tienen origen latinoamericano.
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