A partir del 1 de julio, los turismos con acceso restringido a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, establecida en enero de este año en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, habrán finalizado su periodo de aviso y podrán ser sancionados por el Ayuntamiento si no cumplen con la normativa medioambiental y circulan por la M-30.

Durante este periodo de prueba, se captaron 358.661 infractores, es decir, una media de 1.400 coches al día que hubieran sido acreedores de una multa por transitar áreas reguladas sin los requerimientos necesarios, según 20minutos. Recordemos que, según la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, la ciudad entera se considera Zona de Bajas Emisiones.

Los coches afectados por esta restricción son todos aquellos que cuenten con la etiqueta A. Esto incluye los diésel matriculados antes de 2006 y los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 que no estén empadronados en la capital o dados de alta en el IVTM de la misma.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un calendario progresivo para eliminar los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT. Este proyecto comenzó en 2022 y aumenta las restricciones a la circulación de estos automóviles cada año.

Se espera que para 2025, ningún vehículo pueda circular sin etiqueta, a excepción de los considerados históricos. Este plan busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en la capital, fomentando el uso de vehículos más ecológicos.

Multa por circulación de vehículos con etiqueta A

Dichos vehículos solo tendrán permitida la circulación en la M-40, M-45, M-50 y algunas de las autovías radiales fuera de la M-40. Para controlar el acceso, el Ayuntamiento ha instalado alrededor de 500 cámaras de vigilancia (257 en el interior de la M-30 y sobre la propia vía, 207 fuera de la carretera y 37 ‘fotorrojo’).

Hasta el 20 de marzo de 2022, el acceso no permitido a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid suponía una infracción leve de tráfico. Esta podía ser sancionada con 90 euros (o 45 euros si se abonaba por pronto pago). Sin embargo, como resultado de la modificación de la Ley sobre Tráfico por parte del Gobierno central, se considera una falta grave, es decir, una multa de 200 euros.

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