/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/OJURMXSLDDF4EIPIOJG2SUZ3O4.jpg?w=1200&resize=1200,800)
La ley de amnistía está llamada a ser un logro con mayúsculas para el independentismo catalán. Y, por ese motivo, que haya sido precisamente Junts per Catalunya (Jxcat) quien pise el pedal del freno para ralentizar la tramitación de la norma ha abierto la puerta al desconcierto. “Nos sorprendió enormemente”, reconoció este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. “Si hace un mes nos hubieran dicho que Junts votaría no a la amnistía y que es el PSOE quien defiende el sí, no lo hubiéramos creído. Parece el mundo al revés”, indica una fuente cercana a la jefatura de Junts. “No perdemos tiempo, lo ganamos si blindamos la ley”, justificó Jordi Turull, secretario general de JxCat. En cambio, el razonamiento chirría entre exdirigentes del espacio convergente encausados por el procés.
Andreu Mas-Colell, exconsejero de Economía de la Generalitat durante el gobierno de Artur Mas, tiene una causa abierta porque, supuestamente, facilitó que se dedicara dinero público a la proyección internacional del desafío separatista. Como el propio Artur Mas o el consejero Francesc Homs, tuvo que avalar con su piso particular la fianza que le impuso el Tribunal de Cuentas. Mas-Colell opina que “es evidente que la amnistía tenía que salir adelante”, y matiza que lo afirma apartándose de su caso personal: “Lo digo desde un punto de vista objetivo, sin tener en cuenta si me puede beneficiar o no”. El exconsejero razona que “hace falta dar pasos para avanzar. La idea de que esto va de todo o nada es ser un iluso”. Mas-Colell opina que “Junts se ha puesto en un atolladero, y el problema no es lo que le suceda a Junts, sino que con su actitud se va directo a unas nuevas elecciones con una victoria clara del PP y Vox”.
Otros afines a Convergència que recelan de la táctica dilatoria en la amnistía señalan que hay pocas opciones de un cambio de guion: “El partido está en manos de Puigdemont”, dice una de estas personas, aún en primera línea de la política, que ha sufrido lo que Junts califica de “represión al independentismo”. La misma fuente destaca que si partidos de distinto talante son capaces de ponerse de acuerdo sobre el redactado de la norma, y Junts se desmarca, “al final, va a parecer que los únicos que saben cómo va una amnistía son Puigdemont y Nogueras; ¿de verdad alguien se cree que Esquerra o Bildu se toman una amnistía a la ligera?”.
Fue Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, quien animó a la dirección de Junts a pelear para retocar el redactado de la ley de amnistía. En una reunión telemática con Puigdemont, Turull y la presidenta del partido, Laura Borràs, Boye advirtió de que, sin enmiendas, la ley deja margen de actuación para que los jueces se salten la medida de gracia. “Avisó de que podía ser un coladero”, manifiesta una fuente cercana a la dirección de la formación. Boye goza de la plena confianza de Puigdemont y su opinión tiene peso específico a la hora de diseñar la estrategia de Junts.
El martes, antes de la votación de la ley en el Congreso, Junts convocó a los miembros que componen su ejecutiva. Turull avanzó que se había tomado la decisión de que Míriam Nogueras y su equipo en Madrid votaran no. El anuncio apenas fue cuestionado. “Puede ser que causara alguna incomodidad, pero no generó polémica. Habrá que ver qué ocurre si dentro de dos semanas nos mantenemos en el no a la amnistía “, explica una fuente de la formación. La negativa del PSOE a incluir enmiendas que garanticen una “amnistía integral” es el alegato al que se aferran los diputados de JxCat para justificar su rechazo a la ley.
El mando de Junts se escuda en que las maniobras judiciales de las últimas semanas para ampliar las responsabilidades penales a Carles Puigdemont, en las causas relacionadas con el caso Tsunami Democràtic y la trama rusa del procés, podrían dificultar que el expresident se pueda beneficiar de la amnistía. “Con lo que sabemos que han sido capaces de hacer los jueces, nos han enseñado los agujeros por donde piensan esquivar la ley”, apunta Turull. “Tenemos 15 días para mejorarla”, insiste el secretario general del partido.
La estrategia, de momento, se aborda sin réplicas internas. “En Junts todo el mundo sabe qué conlleva en este momento manifestar una actitud discrepante, y nadie se quiere quemar a lo bonzo”, indica un cargo del partido. Este lunes, el partido expulsó de su grupo parlamentario a una diputada que había denunciado sufrir “acoso por razón de género”. La investigación del caso no encontró pruebas que avalaran la credibilidad del relato y el partido decidió que procedía apartarla.
_
