Hacienda convoca a las comunidades el 15 de julio para tratar las entregas a cuenta y los nuevos objetivos de déficit | Economía

Ya hay fecha para el esperado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que venían reclamando las autonomías desde hace varios meses. El Ministerio de Hacienda convocará previsiblemente el próximo lunes 15 de julio a las comunidades en un encuentro en el que está previsto que se comunique de manera oficial tanto el reparto de la actualización de las entregas a cuenta [los adelantos del sistema de financiación] como los nuevos objetivos de déficit público que tendrán que cumplir, según fuentes gubernamentales. Estos dos aspectos son fundamentales para la elaboración de los Presupuestos autonómicos, en los que muchos territorios ya están trabajando, así como para el cumplimiento de la senda fiscal de España.

Además de estas dos cuestiones principales, también está previsto que Hacienda y las comunidades debatan sobre la futura reforma del sistema de financiación autonómico, según admiten las mismas fuentes. La idea del ministerio era dejar este asunto fuera del orden del día durante este primer encuentro, pero la mayoría de territorios—gobernados por el Partido Popular— ha conseguido introducirlo entre los puntos a tratar. Aunque solo se producirá un debate, porque no está previsto ningún acuerdo. Además, es de esperar que los consejeros pidan información sobre el proceso de condonación de parte de la deuda autonómica que está diseñando Hacienda tras haber pactado la medida con los partidos soberanistas de Cataluña, primero, y comprometerse a extenderla al resto de las regiones de régimen común, después.

Todos estos asuntos han cobrado fuerza durante los últimos meses y han capitalizado buena parte del debate político. En un primer momento, el Gobierno y las comunidades se enzarzaron en una dura batalla por los objetivos fiscales para 2024 que tendrían que cumplir el conjunto de las Administraciones públicas. El PP, haciéndose valer de su mayoría en el Senado, se quejó del trato desvaforable que, a su juicio, sufrían los territorios y bloqueó la senda propuesta por Hacienda, paralizando el proceso hasta que el Ejecutivo decidió prorrogar las cuentas nacionales. Ahora, sin embargo, definir la senda se ha vuelto crucial, ya que del correcto reparto y cumplimiento de los objetivos de déficit dependerá la consecución de las nuevas reglas fiscales europeas. Precisamente esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) instó al Gobierno para que echase a rodar cuanto antes la negociación.

Junto a la senda fiscal, las autonomías también necesitan saber para redactar sus cuentas la cantidad de dinero con el que contarán. A finales de junio, el Gobierno desbloqueó vía decreto la actualización de las entregas a cuenta, es decir, los recursos que las comunidades reciben cada año por adelantado del sistema de financiación autonómico para cubrir sus necesidades y poder prestar los servicios públicos básicos de los que son responsables, como la sanidad y la educación. En esta ocasión, la cifra llegará a los 154.467 millones de euros, casi 20.000 millones más que en 2023 entre fondos y liquidaciones. Sin embargo, todavía no se conoce el reparto que comunicará Hacienda. Esta actualización suele ir pareja a los Presupuestos Generales del Estado, pero como el Gobierno renunció a unas nuevas cuentas y prorrogó las de 2023, el trámite se paralizó.

Otro de los asuntos urgentes dentro de la política fiscal es la reforma del sistema de financiación actual, un modelo que se cerró en 2009 y que lleva caducado desde hace ya 10 años. Este esquema, en esencia, crea una especie de bolsa común que se nutre con parte de los ingresos públicos que el Estado y las comunidades recaudan cada año. Ese dinero se reparte después entre los territorios con base en unos criterios muy concretos que ya están desfasados y que crean importantes distorsiones entre unas zonas y otras. La reforma del sistema, que Hacienda se ha propuesto cerrar en esta legislatura, es de por sí endiablada porque fuerza a ocasionar acuerdos entre territorios con idiosincrasias muy dispares. Ahora es más difícil todavía, ya que el rediseño está condicionado a la negociación para la formación del Govern catalán y a la singularidad que reclaman los partidos soberanistas, una medida que el Gobierno está dispuesto a estudiar y que ha puesto en pie de guerra al resto de comunidades por las distorsiones que supondría en el sistema.

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