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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este jueves que se aplique la amnistía a los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República catalana (CDR) procesados por delitos de terrorismo, y solicita que, en consecuencia, se suspenda el juicio que estaba pendiente de celebrarse y se archive todo el procedimiento. La teniente fiscal de dicho órgano judicial, Marta Durántez, ha sido la encargada de expresar la posición del ministerio público en una vista ante los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, después de que el fiscal que llevaba el caso, Vicente González Mota, decidiera apartarse al discrepar de esa tesis sobre los efectos de la ley de amnistía, han confirmado fuentes fiscales.
El Ministerio Público acusaba a los 12 procesados de pertenencia a organización terrorista; y a ocho de ellos, además, de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Sin embargo, Durántez ha asegurado que la actuación de los CDR no tuvo una finalidad para ser calificada como terrorismo tal y como prevé la directiva europea de 2017, ni la intención de causar daños contra la integridad de las personas o vulnerar derechos humanos, que son los únicos casos que quedan excluidos de la ley de amnistía. “No podemos hablar de daños que se podían haber causado, sino de certezas”, ha remachado la fiscal, que ha pedido que se extinga la responsabilidad penal de los 12 procesados y se acuerde el sobreseimiento libre del procedimiento.
El tribunal tenía previsto celebrar esta vista —denominada cuestión de previo pronunciamiento— el pasado 1 de abril, cuando la ley de amnistía aún se encontraba en trámite parlamentario. Pero la baja médica de la defensa de uno de los acusados, Álex Codina, motivó su aplazamiento, en contra de la opinión del fiscal Vicente González Mota, que en los últimos meses había asumido la causa en sustitución de Miguel Ángel Carballo, quien ahora ostenta la jefatura de la Fiscalía en Ciudad Real. Finalmente, las comparecencias de los letrados y acusaciones se ha celebrado este jueves, ya con la ley aprobada.
El criterio que ha defendido Durántez lo ha aplicado también la Fiscalía en otros casos en los últimos días. Su compañero, el fiscal Carballo, que pese a estar en Ciudad Real sigue siendo el encargado de llevar la otra causa abierta en la Audiencia Nacional por terrorismo vinculada al procés independentista, la de Tsunami Democràtic, informó hace una semana a favor de aplicar la amnistía a los investigados por esta causa, al entender que los hechos se encuentran contemplados en la ley que entró en vigor el pasado 11 de junio. Del mismo modo lo reclamó también la número dos de la Fiscalía General del Estado, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, en relación al procedimiento abierto también por terrorismo en el Supremo contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado del Parlament, Ruben Wagensberg, ambos aforados.
La Fiscalía presentó su escrito de acusación provisional a los CDR en noviembre de 2023 y solicitó penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 encausados por impulsar supuestamente el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una presunta “célula radical” creada dentro de estos grupúsculos surgidos en Cataluña para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según señala el escrito, los CDR constituían una “organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.
Entre sus acciones destacan cortes de carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en un tramo de carretera por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el procés desde la cárcel de Lledoners. Asimismo, según la Fiscalía, recibieron encargos ambiciosos como montar un denominado CNI catalán para aportar la infraestructura logística que permitiera ocupar el Parlament de Cataluña y, posteriormente, defenderlo.
Por ello, la Fiscalía solicitó 27 años de cárcel para ocho integrantes de los CDR: Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado, a quienes atribuyó delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables; y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A los otros cuatro procesados —Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero— solo les imputó el delito de pertenencia a organización terrorista, por lo que reclamó para ellos ocho años de prisión.
Por su parte, y tal y como estaba previsto, las defensas de los CDR han solicitado que se aplique la ley de amnistía y que, en consecuencia, se borre de los archivos policiales todos estos hechos para que no dejen rastro de antecedentes, así como la devolución de fianzas impuestas y el levantamiento de cualquier medida cautelar que pese sobre los procesados.
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