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La Fiscalía Europea ha reclamado parte de la investigación del caso en el que se está investigando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El organismo de la UE que vigila por el fraude cometido con fondos públicos ha remitido un escrito al juez que está instruyendo el caso, Juan Carlos Peinado, para pedirle parte de las pesquisas, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este diario. Si los fiscales de Luxemburgo dan este paso, es porque han concluido que en el caso hay afectados fondos procedentes del presupuesto de la UE, pero este paso no implica que el organismo haya encontrado hasta el momento indicios de delito. El juez Peinado puede negarse a entregar el caso y si eso sucede deberá ser el Tribunal Supremo el que resuelva el conflicto de competencias, como en el caso Koldo.
Como sucedió con el juzgado madrileño, la Fiscalía Europea recibió un escrito de Manos Limpias a comienzos de año para pedirle que investigue la colaboración de la pareja del presidente por su colaboración con empresarios que han recibido ayudas públicas. Después puso en marcha las averiguaciones preliminares para saber si habría dinero de la UE afectado, es ahí en el que hay que enmarcar la entrada en la sede de la empresa Red.es de la Guardia Civil la semana pasada.
El Tribunal Supremo español ha resuelto hasta el momento dos conflictos de competencias entre juzgados españoles y la fiscalía europea anticorrupción, creada en 2017. En el primero de ellos, magistrado Antonio del Moral, ponente de aquella sentencia, no dejó claro si en todos los casos donde la fiscalía europea reclame para sí la competencia, hay que adjudicársela y quitarle la causa al juzgado instructor. Lo contó así: “La norma comunitaria atribuye a la Fiscalía Europea la posibilidad de ejercer o no ejercer su competencia respecto de algunos ―solo algunos― asuntos. Pero no sería de recibo un sistema en que se atribuyese como regla a la voluntad libérrima de un actor del proceso, por muy razonada y prudentemente que se ejerza, la capacidad de decidir por sí qué órgano va a ser el competente para el enjuiciamiento”, dado que “sería dudosamente compatible con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”, y “quién y con arreglo a qué disposiciones va a dirigir la investigación (…) La normativa alumbrada para delimitar esas competencias es especialmente alambicada sinuosa y oscura”, por lo que el magistrado anticipó que es posible que en algún momento haya que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que resuelva las dudas que vayan surgiendo.
El caso de Begoña Gómez ha marcado el tramo final de la campaña electoral para las elecciones europeas. Desde que el martes de la semana pasada se supo que el juez Juan Carlos Peinado la ha citado para declarar el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana, acompañada de su abogado, el debate político y la campaña ha discurrido por este cauce.
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