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Nuevo episodio judicial en el caso que investiga una presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por parte de la Fiscalía. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado, apuntando indirectamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Puesto que es donde de forma objetivamente constatable”, escribe, “se produjo la primera filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad, como después veremos”. El fiscal ha calificado las diligencias abiertas por el TSJM como “improcedentes”.
Para entender este cruce de acusaciones entre la Fiscalía y González Amador hay que viajar primero al 12 de marzo. Este día se conoció la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. La Fiscalía firmó una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. Para que un presunto fraude como este acabe en la Fiscalía requiere que se haya defraudado 120.000 euros o más y que los inspectores de Hacienda aprecien voluntariedad y deliberación para defraudar, como en este caso, donde se presentan hasta 15 facturas falsas con ocho empresas.
24 horas después, Ayuso dijo en una comparecencia con preguntas que buscan desestabilizarla a través de su destrucción personal. “Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar”, afirmó. Ayuso también afirmó sentirse víctima de una “inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”. La realidad es que la Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y entre los que se encuentra González Amador, tal y como contó elDiario.es el 24 de marzo.
El 13 de marzo, el diario El Mundo publicó el contenido de un correo electrónico con la aparente idea de confundir a la opinión pública sobre un posible acuerdo entre la Fiscalía y González Amador para evitar el juicio. El principal colaborador de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, publicó también un tuit sobre quién propuso inicialmente el acuerdo, y afirmaba que el fiscal encargado del caso recibió “órdenes de arriba para retirar la propuesta de acuerdo… todo sucio”.
Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de una nota de prensa pública y escueta, explicaba que fue al revés, que el abogado de González Amador se dirigió el 2 de febrero por correo electrónico a la Fiscalía proponiendo un pacto y reconociendo los hechos delictivos que se atribuían a su cliente. Es decir, que el correo publicado en el diario El Mundo era parte de una cadena y no una propuesta de la Fiscalía. Ese intento de aclaración de la Fiscalía le ha valido a la pareja de Ayuso para querellarse por revelación de datos confidenciales.
Este miércoles, la Fiscalía arguye que aquella nota de prensa “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía”. Y argumenta que, “en la proporcionalidad de la respuesta a un bulo”, la Fiscalía Provincial de Madrid “no remitió ni informó de la existencia de ese documento-propuesta de conformidad”. Es decir, que la nota de prensa de la Fiscalía se limitó a “evidenciar un bulo, una noticia falsa”, que estaba causando un importante revuelo mediático y una confusión, “por lo que era imprescindible aclararlo mediante una nota oficial al objeto de que la ciudadanía pudiese recibir información veraz”.
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