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La Fiscalía ha redoblado su ofensiva para desmontar la querella por presunta revelación de secretos que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsó contra el ministerio público por emitir una nota de prensa que desmentía el bulo que el equipo de la dirigente del PP difundió tras conocerse la causa por fraude fiscal abierta contra su pareja. González Amador consideró que ese comunicado de la Fiscalía incluía datos confidenciales: en concreto, los términos en los que su abogado había propuesto un pacto de conformidad para librarlo a él de la cárcel.
A la espera de que el magistrado Francisco José Goyena, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), decida si envía la causa al Tribunal Supremo para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —que asumió toda la responsabilidad por la publicación de dicho comunicado—, la Fiscalía presentó el miércoles un escrito en el que pide el inmediato archivo del procedimiento o, en caso contrario, ampliar la investigación, señalando ya sin matices al entorno de la jefa del Ejecutivo madrileño.
Los hechos. Esta intrincada historia, que el PP ha aprovechado para colocar la diana sobre el fiscal general del Estado, arrancó en marzo. El día 12 de ese mes, elDiario.es publicó que la Fiscalía había presentado una denuncia contra la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. La presidenta compareció entonces ante los periodistas para erigirse como víctima de una conspiración del Estado y activar una contraofensiva que, al día siguiente, escribió el capítulo clave. El equipo de Ayuso comenzó a difundir la información tergiversada de que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador por correo electrónico, una información que El Mundo publicó en la noche del 13 de marzo —incluyendo parte del contenido de un email firmado por el fiscal Julián Salto, que llevaba el caso—. Poco después, el principal asesor de la dirigente del PP, Miguel Ángel Rodríguez, lanzó un mensaje en redes sociales con la tesis de que esa supuesta oferta de la Fiscalía, que después supuestamente se había retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines políticos.
Sin embargo, la realidad era muy distinta. Había sido el propio novio de Ayuso quien, más de un mes antes, había tomado la iniciativa de tratar de alcanzar ese acuerdo a través de otro correo electrónico (el primero de una cadena de emails) enviado por su abogado, Carlos Neira, al ministerio público. Así lo desvelaron varios medios, entre ellos EL PAÍS y la SER, entre la medianoche del mismo 13 de marzo y primera hora de la mañana del 14, publicando ese correo originario de la pareja de la presidenta. Ante la avalancha de peticiones de información de multitud de medios al ministerio público durante toda la jornada, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado el día 14 para aclarar lo ocurrido. Esa nota echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta estaba propagando y dejaba claro que la iniciativa de intentar un pacto había partido de González Amador.
¿Qué se investiga? El novio de Ayuso presentó entonces una querella contra la Fiscalía por la difusión de esa nota de prensa, al considerar que desvelaba datos confidenciales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la admitió a trámite en mayo, con una resolución que obviaba la noticia tergiversada publicada por El Mundo en la noche del 13 de marzo y que propició el comunicado aclaratorio del ministerio público. Las pesquisas se han ampliado, según admite la propia Fiscalía, a la filtración a la prensa de los correos que se cruzaron el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto.
Ayuso “pretendía sembrar dudas”. La causa presenta así dos focos. El primero se centra en la nota de prensa de la Fiscalía. El ministerio público defiende que dicho comunicado “no reveló ningún dato que no fuera ya notoriamente conocido” por la opinión pública a través de la prensa, en alusión a lo publicado por EL PAÍS y la SER, entre otros medios, horas antes de difundirse la nota. “No se descubrió hecho alguno”, afirma el fiscal Francisco Javier Montero, que ha asumido el caso abierto en el TSJM contra la institución encabezada por García Ortiz. “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, argumenta también el ministerio público en un escrito previo, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Además, la Fiscalía defiende que esa nota debía emitirse. No solo porque entre sus “obligaciones” se encuentra “proporcionar información sobre los procesos en curso para satisfacer el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz”, sino porque se había desatado una campaña para tratar de desacreditar a la institución, así como para “poner en duda la profesionalidad, imparcialidad y honorabilidad” de los fiscales. Una estrategia impulsada, entre otros, por la propia presidenta y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a los que señala el ministerio público en su último escrito enviado al TSJM.
“La presidenta de la Comunidad de Madrid ya había hecho declaraciones previas en las que tildaba la situación de persecución, que era un caso turbio de los poderes del Estado y que se estaban usando todos los poderes del mismo contra su pareja sentimental”, apunta la Fiscalía. “Se divulgaron otras noticias o declaraciones que obviaban la certeza de los hechos o que pretendían sembrar sombras de duda acerca de la impecable actuación u honorabilidad de determinados miembros del Ministerio Fiscal”, añade el ministerio público, que cita un tuit de Ayuso del 12 de marzo, cuando la dirigente del PP escribió: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”.
“Las dudas acerca del recto proceder del Ministerio Fiscal deslizadas, además de por distintos medios, por la propia presidenta de la Comunidad y su jefe de gabinete aconsejaban trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido, ofreciendo datos objetivos que despejaran cualquier sombra de duda a propósito de la actuación desarrollada por el Ministerio Fiscal”, concluye el fiscal Francisco Javier Montero, que remacha: “La nota de prensa se limitó a evidenciar un bulo, que estaba causando un importante revuelo mediático y confusión […] Además, en la proporcionalidad de la respuesta a un bulo y a la insidia difundida por altos representantes políticos de que ‘por órdenes de arriba’ —como dijo Miguel Ángel Rodríguez— se impedía al fiscal llegar a una conformidad, la Fiscalía no remitió ni informó de la existencia de un documento-propuesta de conformidad [que el abogado de González Amador había adjuntado a sus correos]”.
Revelación cometida por el “entorno” del novio. ¿Quién o quiénes filtraron a la prensa, antes del comunicado de la Fiscalía, los correos electrónicos que se cruzaron el abogado de González Amador y el fiscal Salto? Ese es el segundo foco de la causa. Y aquí la Fiscalía tiene claro que no existen indicios que apunten a miembros del ministerio público con más intensidad de los que puedan señalar a otras decenas de personas que pudieron tener acceso a ellos. De hecho, en su escrito enviado al TSJM el fiscal Montero recalca que las primeras noticias que informaban de ese intento de alcanzar un acuerdo y de un correo del fiscal Salto —orientadas todas con el enfoque que beneficiaba a Ayuso— citaban a “fuentes próximas a la defensa” como origen de la información.
Eso “sitúa el origen de la filtración en el entorno de la defensa de González Amador”, concluye el fiscal Francisco Javier Montero, que se muestra sorprendido de que, hasta ahora, no se haya hecho nada para mirar en esa dirección. “Los fiscales querellados han negado su participación en estos hechos y ser autores de la difusión de los correos, y ninguna prueba existe que acredite con un mínimo de verosimilitud que el origen de esa filtración sea del lado del Ministerio Fiscal, sino más bien al contrario. Todo indica que esas filtraciones se han producido de forma interesada para crear un clima de confusión y desinformación”.
“La atribución de la filtración al Ministerio Fiscal no pasa de ser una temeraria conjetura carente de toda base probatoria”, insiste el ministerio público. Por ello, en caso de que el juez decida seguir adelante con la instrucción y no archivarla ya, la Fiscalía pide que se cite a declarar a González Amador y a su abogado para que digan a qué personas dieron acceso al procedimiento y a los correos. También solicita que se recabe información sobre todos los empleados del despacho del letrado que “potencialmente pudieron tener acceso” a esa documentación. El fiscal recuerda, por último, que el email del abogado de González Amador se envió a una cuenta genérica del ministerio público, al que tenían acceso 16 personas (12 fiscales y cuatro funcionarios), quienes a su vez pudieron facilitar esos correos a decenas de personas “dentro del ámbito” de su trabajo.
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