La Sanidad es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. La inmensa mayoría de los españoles ha sentido siempre una especial inquietud con el cuidado de las administraciones hacia un servicio público esencial y un derecho fundamental. Las ingentes cantidades presupuestarias destinadas a garantizar el modelo se han dado por bien empleadas y, en líneas generales, al español medio todo le parece poco para que los centros de salud y los hospitales funcionen con plenitud. En líneas generales los políticos de turno han comprendido esa trascendencia y han brindado al paciente y a los profesionales el interés que merecen. Con mejor o peor fortuna, la prioridad ha sido dotar de los medios adecuados, atender las carencias e implementar las mejoras en cada coyuntura. Todo eso cambió con la llegada del sanchismo al poder. Desde entonces, el enfermo y el personal han dejado paso a la ideología. La estrategia y el interés cortoplacistas de la izquierda gobernante han convertido a la Sanidad y sus problemas en armas arrojadizas contra los gobiernos autonómicos del PP, con obsesión patológica hacia la Comunidad de Madrid. La instrumentalización de la salud de los españoles ha ido de la mano con la desatención orquestada desde Moncloa. Que Sánchez haya tenido seis ministros de Sanidad en sus seis años en la Presidencia no resulta baladí, sino que habla de un patrón con la Sanidad como elemento accesorio, diríamos que subalterno, en su acción política por más que la gran mayoría de las competencias estén transferidas. Sin continuidad, queda de manifiesto que no hay voluntad de acometer algo serio. La elección de Mónica García ha sido clarificadora sobre las intenciones sanchistas de convertir la salud en un campo de batalla que agudice la corrosión que la izquierda inocula en el sistema desde hace tiempo. Sus meses de gestión los ha centrado en sabotear toda colaboración con las consejerías, desoyendo o despreciando las iniciativas, especialmente las centradas en la dramática falta de personal. La pasividad del Ministerio, que es boicot, suena a premeditada y alevosa. Caprichosamente se juega con la salud de las personas. Sánchez y García son los rostros de un fracaso cuantificable. En junio de 2018, cuando la izquierda alcanzó el poder, en España había 584.018 enfermos en espera de una operación. Seis años después, la cifra ha crecido en 265.517 y llegan a 849.535. En 2018, la demora media para pasar por el quirófano era de 93 días en el conjunto del país. Hoy, llega a los 128 días. Es irrefutable. Tanto como que los medicamentos innovadores que pueden salvar vidas tardan en llegar a quien los necesita 661 días. No es solo impericia y negligencia, sino cálculo. Como lo es la beligerancia sectaria contra el modelo público/privado de éxito en Madrid, al que se pretende asfixiar para desgastar el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso al frente de una de las mejores sanidades de Europa. Hace unos días, la presidenta defendió en LA RAZÓN una reforma del sistema «lejos de dogmas y pancartas, siendo realistas», bajo parámetros de eficiencia y calidad. Una construye y la ministra sanchista destruye con la salud como rehén de su sectarismo.

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