La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que este martes debatía el caso Tsunami Democràtic, ha rechazado la ponencia que descartaba el delito de terrorismo y la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont. Tras una reunión en la sede del ministerio público, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas, la gran mayoría del órgano ha apreciado indicios para investigar al dirigente secesionista y ha descartado el informe elaborado por el fiscal conservador Álvaro Redondo, que había defendido la postura exculpatoria al no ver pruebas suficientes contra el político —que se encuentra fugado de la justicia y que sería uno de los beneficiados por la ley de amnistía— y que consideraba que, como mucho, se produjeron desórdenes públicos en las movilizaciones impulsadas en 2019 por la plataforma independentista para protestar contra la sentencia que condenó a los líderes del procés.
Según fuentes fiscales, tras un largo debate, el resultado ha sido aplastante en contra de la tesis de Redondo. 11 miembros de la junta han votado a favor de la existencia de indicios contra Puigdemont; frente a cuatro que se han manifestado en contra. A su vez, 12 han apreciado que pueden existir delitos de terrorismo, frente a tres que no lo han visto así. Según fuentes fiscales, ahora se deberá elaborar un nuevo informe, que asumiría la teniente fiscal del Supremo, ante las discrepancias que ha habido en la reunión entre los dos jefes de la junta de fiscales.
El informe exculpatorio de Redondo mantenía la misma línea fijada por Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y también perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales, que descartó igualmente el terrorismo y defiende enviar la causa a los juzgados de Cataluña. Todo ello, en contra del criterio del magistrado instructor Manuel García-Castellón, que remitió a mediados de noviembre una exposición razonada al Supremo para que asumiera el sumario (ya que Puigdemont, que es eurodiputado, y el también investigado Rubén Wagensberg, el miembro de la mesa del Parlament que anunció la pasada semana su marcha a Suiza por “miedo” a esta investigación, se encuentran aforados). El juez recibe ahora el respaldo de la junta de fiscales con la decisión de este martes.
El caso Tsunami se abrió en 2019 en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo. Tras cuatro años de pesquisas (la mayor parte del tiempo bajo secreto de sumario), García-Castellón emitió el pasado 6 de noviembre un auto para impulsar la imputación, entre otros, de Puigdemont, Wagensberg y Marta Rovira, secretaria general de ERC. Esta resolución estalló en plenas negociaciones sobre la amnistía, clave para que Pedro Sánchez obtuviera el apoyo de Junts para su investidura como presidente del Gobierno. Y, desde ese momento, las pesquisas sobre la plataforma independentista han protagonizado buena parte del debate político y jurídico de este país.
El debate sobre terrorismo
La batalla sobre el terrorismo lo ha marcado todo. El fiscal Miguel Ángel Carballo recurrió el dictamen del magistrado ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, al no ver indicios para mantener ese delito ni pruebas suficientes para implicar al expresident. Garciá-Castellón, sin esperar a que este órgano resolviese las alegaciones del ministerio público, se dirigió a las dos semanas al Supremo para que asumiera la causa. Y, a continuación, el alto tribunal le preguntó a la Fiscalía del Supremo para que se pronunciara sobre si debe hacerlo.
Por turno de reparto, la Fiscalía del Supremo le encargó analizar el caso a Álvaro Redondo, que elaboró un dictamen donde mantiene la línea de su compañero Carballo y descarta el terrorismo —este fiscal emitió el lunes un comunicado para desmentir que hubiese cambiado de criterio por presiones del fiscal general del Estado tras filtrarse que había confeccionado un borrador embrionario con la tesis contraria antes de analizar la causa a fondo, según él mismo—. Este informe de Redondo que descarta terrorismo es el que han debatido este lunes la junta de fiscales de lo Penal del Supremo, que ha votado para ver si esta postura es la que se envía a los magistrados. Aunque, esta valoración no es vinculante y los jueces del alto tribunal tendrán finalmente la última palabra.
_