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Sería una epopeya intentar glosar todos los insultos y descalificaciones que el PP le propinó este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En este caso, con motivo del asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte de una banda de narcotraficantes. La acometida había empezado el martes en el Senado, donde Marlaska conminó a una senadora del PP, ante la virulencia de Marimar Blanco, a retornar al espíritu pacificador de Ermua que floreció tras el asesinato de su hermano, se desplegó con cuatro durísimas preguntas y una dramática interpelación del diputado Esteban González Pons en la mañana del miércoles en el Congreso y acabó esa tarde de nuevo en la Cámara alta, con la segunda reprobación del ministro, aprobada allí por la mayoría absoluta de los populares. A Marlaska lo llamaron de todo y él se defendió poco, recordando la inoperancia y falta de recursos contra la droga de los gobiernos del PP. Varios diputados de ese partido le refrescaron al juez su pasado, cuando el PP le ensalzaba como su modelo a seguir y héroe antiterrorista.
Es una estrategia política habitual en el PP en la oposición elegir un ministro por sesión de control y aplicarle una batería de teóricas preguntas con el objeto de su presunto acoso y derribo. En esta etapa de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, dos ministros de Pedro Sánchez, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, son sus objetivos preferidos. El primero por la relevancia de casi todos los asuntos bajo su mando y el segundo por la trascendencia de su departamento, bajo el que está la seguridad del Estado, y por su biografía. Al PP le duele todo lo que hace ahora Marlaska porque durante años fue su juez de preferencia, por su lucha contra ETA, y le nominaron como uno de sus vocales en el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, entre 2013 y 2018.
Esa etapa de Marlaska como juez de referencia del PP se la recuerdan muchos diputados populares ahora para reprocharle que aquel magistrado amenazado por ETA no reconocería lo que hace ahora este ministro. Esa fue la base de la teatral intervención del diputado Esteban González Pons este miércoles en su interpelación a Marlaska, que sirvió de corolario al zafarrancho que le diseñaron en el grupo popular para lucimiento de su primera línea de fuego parlamentario. Pons llegó incluso a revelar que el juez se ofreció en aquellos años a Mariano Rajoy como su Fiscal General del Estado. Marlaska ni quiso desmentirlo.
El primero que introdujo a Marlaska en la sesión fue Feijóo, para salir en defensa de Marimar Blanco: “Usar el espíritu de Ermua contra la hermana de Miguel Ángel Blanco es una indignidad. Hacerlo mientras se pacta con quienes no condenan aquel crimen es incalificable”. Luego le siguió su equipo directivo. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, abundó en la crítica de que “hay que tener poca vergüenza y ser un desalmado” para hacerle esa llamada a la hermana del edil de Ermua asesinado por ETA y luego acusó al ministro de ser el responsable del asesinato de los guardias civiles por haberlos dejado en el abandono. Tellado, como los demás, exigió su dimisión: “Si le queda algo de honor, dignidad y respeto, dimita. Solo está a la altura de quien le ha nombrado”.
En esa idea de que fue el propio Marlaska el que “abandonó a su suerte” la vida de esos guardias redundó la aguerrida diputada Ana Belén Vázquez, que lleva meses afilando su diccionario de ataques a un ministro que tildó de “inmoral”. La diputada dejó caer a continuación que el ministro no merecía condecorar a los agentes fallecidos y que a lo peor su departamento no proporciona los recursos necesarios en esa zona del campo de Gibraltar “por Marruecos, por manipular pruebas o para ahorrar dinero”.
El diputado Elías Bendodo fue el que suavizó más el tono, pero para refrescarle a Marlaska que pese a ser ministro por Cádiz no había acudido aún a Barbate y para augurarle que caerá de su actual responsabilidad porque Sánchez le tirará “por la ventana”.
El ministro del Interior más longevo de la democracia no se inmutó demasiado ante esta ristra de epítetos y acusaciones que parecieron resbalarle. Tampoco por la reprobación del Senado, la segunda que recibe, tras una aprobada por el Congreso la legislatura pasada tras la gestión realizada por el asalto de inmigrantes en Melilla, aquella con el apoyo de algunos socios del Gobierno. Marlaska se defendió con sus datos de gestión. Sostiene que este Gobierno ha invertido en la zona de Gibraltar más de 180 millones desde 2018, que el anterior del PP no hizo ni destinó nada, que los 150 agentes del operativo especial OCON-Sur no han desaparecido ni han sido “desmantelados” porque han sido integrados en las comandancias de la Guardia Civil y aportó sus estadísticas para demostrar que el crimen y el narco no campan allí a sus anchas. La sesión fue tan larga que el ministro asaeteado la estrenó arropado por alguno de sus compañeros pero la acabó, tras varias horas, solo desde la bancada del ejecutivo mirando al tendido parlamentario del PP y Vox pensando ya en la próxima batida.
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