La teoría del gran complot de los ERE se desinfla | España

“No creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude”, declaró José Antonio Griñán en 2015 a las puertas del Tribunal Supremo. Casi diez años después, el Tribunal Constitucional da la razón al expresidente de la Junta de Andalucía con una interpretación de los delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE que tumba la tesis central de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, precisamente la del “gran plan” delictivo. Según la magistrada, cuya instrucción fue asumida por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo, el escándalo de los ERE no fue solo un caso de corrupción, sino un gigantesco complot liderado desde la cúpula de la Junta para mantener al PSOE en el poder con un sistema clientelar regado con casi 700 millones de euros durante una década. Con el caso en manos del Constitucional, esa idea se desinfla. Y no es una idea cualquiera: es la que el PP ha usado durante lustros para destrozar al PSOE andaluz.

El caso de los ERE son dos casos. El primero es un fraude en la Consejería de Empleo de la Junta, donde en la primera década del siglo reinaron el amiguismo y la arbitrariedad. Es un caso de falsos prejubilados que accedieron a prestaciones sin derecho, de empresarios que aprovecharon su cercanía al poder, de falta de control sobre los fondos públicos. Un ejemplo para ilustrar el desmadre: Javier Guerrero, director general de Trabajo de 1999 a 2008, le dio ayudas a su chófer, que las usó para comprarse inmuebles y pagarle juergas al propio Guerrero. El daño del caso a la imagen de Andalucía es imposible de medir, pues todos los tópicos más chuscos sobre la pillería meridional salieron reforzados. Las cifras del fraude dan para poca broma: la Junta asegura que reclama 135 millones en varios procedimientos.

Pero hay un segundo caso de los ERE, la conocida como “pieza política”. Este es el caso que cambió la historia política de Andalucía. Lo levantó la jueza Alaya, que siempre creyó que la corrupción en la Consejería de Empleo era solo el último eslabón de un cadena. Que había una trama, una orquestación, un plan maestro de decenas de altos cargos de distintos departamentos concertados para crear y mantener, mediante acciones u omisiones, un complejo sistema basado en la prevaricación y la malversación para repartir 680 millones de euros entre 2000 y 2009. Todo con el objetivo de comprar la “paz social”.

Esta controvertida tesis, según la cual la corrupción se extendía a los proyectos de presupuesto del Gobierno de la Junta, fue avalada por la Audiencia de Sevilla (2019) y el Supremo (2022). Salieron 16 ex altos cargos condenados, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chaves (prevaricación) y Griñán (prevaricación y malversación). Desde la primera de las dos sentencias, el PSOE no ha vuelto a ganar ni una sola elección en Andalucía. El caso ha sido una mina para el PP, que desde que estalló lleva respondiendo a cada acusación sobre sus propios escándalos con un “¿Y los ERE, qué?”.

La entrada en juego del Constitucional, que provocará una rebaja o anulación de condenas de pesos pesados del socialismo andaluz, contradice de plano la teoría de “estructura piramidal” delictiva de Alaya. La línea que ya ha marcado el tribunal de garantías, rechazando la interpretación extensiva sobre prevaricación y la malversación, reduce ―ya se verá hasta dónde― el radio de la corrupción y es incompatible con una confabulación de toda la Junta hasta la cúspide durante una década.

En una sentencia que da amparo parcial a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación, el Constitucional establece que los proyectos de ley, en este caso de presupuestos, no pueden ser considerados ilegales ni delictivos. No solo Álvarez, sino también otros condenados por prevaricación, como Chaves y Griñán, pueden verse beneficiados. En cuanto a la malversación, el borrador de la sentencia sobre la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo le da amparo por similares motivos y refuta su condena por hechos cometidos por terceros. Como ha publicado EL PAÍS, hay argumentos usados en la revisión del caso de Aguayo que servirán para Griñán. Las ponencias sobre otros dos exconsejeros condenados por malversación ―Antonio Fernández, de Empleo; y Francisco Vallejo, de Innovación― también prevén reducciones de condena.

El PSOE andaluz, en horas bajas, ya acaricia la idea de utilizar el cambio de guion sobre el caso y el posible resarcimiento de nombres claves de su historia reciente para limpiar su imagen y recuperar el viejo orgullo. No será fácil. “El PP ha usado con éxito este caso para cargarse la hegemonía del PSOE andaluz presentándolo como un partido corrupto y bananero. Diga lo que diga el Constitucional, la idea de la gran trama corrupta está instalada en la sociedad y será difícil sacarla”, explica el politólogo Oriol Bartomeus, experto en comportamiento electoral. “El prestigio se pierde muy rápido, pero tarda mucho en recuperarse”, añade.

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