Las chapuzas legislativas del sanchismo

No podemos acostumbrarnos a que las chapuzas sean la técnica legislativa que caracterice al Gobierno socialista comunista y sus aliados. Es la marca de fábrica del sanchismo. El Tribunal Constitucional, antes de la llegada de Cándido Conde-Pumpido, ha venido censurando que se introduzcan modificaciones legales utilizando proyectos o proposiciones de ley que no tienen nada que ver. Es un despropósito que refleja tanto el desprecio por el Poder Legislativo como la impericia de sus autores. Un buen jurista jamás actuaría de esta forma, pero vivimos tiempos en los que florecen en la izquierda radical personajes como el presidente del Constitucional, Segoviano, Montalbán, Díez, Balaguer, Urías, Pérez-Royo o Martín Pallín que son antes sanchistas que juristas. Por ello, no nos sorprendamos ante las futuras sentencias o pumpidazos que modifiquen la doctrina del Constitucional para ajustarla a los intereses de La Moncloa y sus aliados. En este último caso, no descarto que el líder del PSOE le deje caer cuando le convenga y quede como colofón de su carrera el haber manchado su toga de forma irreversible.

En este caso han aprovechado el decreto de medidas anticrisis para blindar la amnistía, que se une al proyecto de ley de Paridad para sortear el poder de veto al techo de gasto que tenía el Senado. Es decir, como no controlan la Cámara Alta es mejor no dialogar con la oposición e imponer una modificación legislativa para que el Gobierno haga lo que le venga en gana. En el caso de la ley de amnistía se quiere blindar su polémica aplicación e impedir los efectos de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por supuesto, Sánchez cede una vez más ante los independentistas. En cualquier caso, no podrá superar el estigma de haber aprobado una ley ilegal e ilegítima que tiene un origen fraudulento y que consagra un relato falso sobre la rebelión, tal como él mismo la definió, contra el ordenamiento constitucional y estatutario. En esa misma línea chapucera se inscribe la Fiscalía que pidió 248 años de cárcel a los doce procesados de los CDR por terrorismo y ahora defiende la aplicación de la amnistía porque no se les atribuyen ni graves violaciones de los derechos humanos ni ninguna muerte. Por lo visto, solo eran un poquito terroristas.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)