Las dos horas que llevaron a Bolivia al borde del abismo

“¡Cuidado estén haciendo un golpe contra el pueblo boliviano! ¡No te lo voy a permitir! Si usted se respeta como militar, repliegue todas sus fuerzas. ¡Es una orden!”. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encaró así al general Juan José Zúñiga apenas una hora después de que, a las 15 horas de Bolivia, el militar sublevado ocupara con carros de asalto y soldados la plaza Murillo de La Paz, el núcleo político del país. Las imágenes de la discusión entre el presidente, el vicepresidente y varios ministros con los insurrectos en las puertas del Palacio Quemado, sede histórica del poder boliviano, pasarán a la posteridad. En ellas, Arce aparece enfadado y resuelto. Resuenan detrás suyo los gritos de María Nela Prada, su mano derecha y ministra de la Presidencia, que le espeta a Zúñiga: “¡Traidor!”. Prada usó esta palabra porque un día antes el militar, que acababa de ser destituido del cargo de jefe del Ejército después de decir que estaría dispuesto a detener al exmandatario Evo Morales si pretendía volver a elegirse, había prometido lealtad a la línea de mando constitucional: al jefe de las Fuerzas Armadas y, por encima de este, al presidente y capitán general, Luis Arce. Al final, Zúñiga se levantó contra este junto al vicealmirante Juan Arnés, jefe de la Armada Boliviana.

La escena muestra las dos dimensiones de un acontecimiento que, con una duración de apenas tres horas, puso en vilo a Bolivia y concitó el rechazo unánime de todos los actores políticos y de la comunidad internacional. La ministra Prada destacó el valor de Arce al encararse con los insurrectos. “La decisión del presidente fue quedarse y enfrentar a Zúñiga”, declaró. La otra dimensión la da el hecho de que los militares rebeldes no aprovecharan esta discusión con las principales autoridades del país para detenerlas o matarlas. ¿Qué querían realmente? “El general Zúñiga se animó a actuar como ‘movimiento social’ para evitar su destitución”, opina el historiador y periodista Pablo Stefanoni. Las primeras palabras de Zúñiga a la prensa, que siguió su levantamiento en tiempo real, fueron: “Estamos protestando contra los abusos. Basta ya. No puede haber esta deslealtad”. Horas después, tras ser detenido, Zúñiga elaboró otra versión: que el golpe, en realidad, era un autogolpe auspiciado por el propio Arce, que le había pedido sacar a los blindados a la calle para levantar su popularidad.

La historia, drama para unos, comedia para otros, comenzó con uno de las habituales programas dominicales de radio del presidente Evo Morales, el 23 de junio. Allí habló, sin dar detalles ni ofrecer pruebas, de un plan a cargo de Zúñiga, entonces el jefe máximo del Ejército, para eliminarlo físicamente a él y a sus colaboradores más cercanos. No era la primera vez que Morales chocaba contra este general, que hasta entonces aparecía, paradójicamente, como uno de los militares más leales al presidente Arce y, por eso, un enemigo político del expresidente.

Tras la intervención de Morales en los medios, el general decidió replicarle por la misma vía. El lunes 24 de junio se presentó en el programa de TV No Mentirás y declaró contra Morales de un modo que conduciría a su destitución. “No puede ser más presidente del país”, dijo en tono encendido. “Llegado el caso lo arrestaríamos”. Al día siguiente, el Gobierno hizo saber que el presidente Arce lo había echado del cargo, pero no lo remplazó de inmediato. Por esta razón, el miércoles 26 todavía estaba legalmente al mando del Ejército. Zúñiga lo aprovechó para ocupar con carros de asalto y soldados la plaza Murillo, rodear el Palacio de Gobierno y asediar al Gabinete que se encontraba reunido allí.

“Estábamos en reunión y escuchamos sirenas. Me acerqué a las ventanas para ver y eran carros de combate militares que habían entrado en la plaza”, rememoró Prada tras la asonada. Fue entonces cuando Arce, según su ministra, decidió bajar a la calle a encarar la situación. Antes, el presidente boliviano denunció por X “movilizaciones irregulares de algunas unidades el Ejército”. Evo Morales le hizo eco en la misma red social: “Un golpe de estado se está gestando”, escribió.

Tras su encontronazo con el presidente, al que le dijo que no lo obedecería, Zúñiga salió a la plaza y se metió en un carro de asalto, el mismo vehículo que había hecho chocar contra el Palacio Quemado. La imagen de este carro destrozando la puerta histórica por la que han ingresado cotidianamente los presidentes del país durante más de un siglo se reproduciría por todo el mundo como un suceso que escalaba de protesta militar a intento de golpe de Estado. Esta transformación se verificó en una declaración de Zúñiga a los periodistas que seguían los sucesos, pese a los gases que habían lanzado contra la gente que intentaba reunirse en la plaza. “Una élite se ha hecho cargo del país. Vándalos que han destruido al país. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia para que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que llevan 30 y 40 años en el poder”, señaló, en aparente alusión al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobierna desde hace 20 años. “Vamos a liberar a todos los presos políticos. Desde [el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando] Camacho, [la expresidenta Jeanine] Añez, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos” por acusaciones relacionadas con el derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019. “Queremos restablecer la democracia. A las Fuerzas Armadas no le faltan cojones para velar por el futuro de nuestros niños”, clamó Zúñiga.

El ex ministro de Defensa, Reymi Ferreira, describió la asonada como “un acto de prepotencia de Zúñiga. Es un peligro para la democracia. Pero es un movimiento sin futuro y no va a prosperar”. Mientras Zúñiga bramaba con los blindados a la puerta del Palacio Quemado, en los cuarteles del país los militares permanecían tensos pero no se sumaban a la asonada.

A esta altura, el rechazo del país y del mundo a la acción militar boliviana era impresionante. Los principales jefes políticos de la oposición se manifestaron en contra, inclusive Camacho, cuya libertad había pedido Zúñiga. Este publicó en Facebook que “se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”. Uno de los primeros respaldos internacionales al proceso democrático que se conoció fue el de la Organización de Estados Americanos. Luego seguirían los de presidentes latinoamericanos y europeos, y los de varios organismos multilaterales.

Arce lanzó un video desde sus oficinas. Rodeado por sus ministros, señalaba: “Necesitamos que el pueblo se movilice contra el golpe de Estado. No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas”. La Central Obrera Boliviana, la principal organización sindical del país, llamó al pueblo boliviano a “levantarse contra los golpistas y el hecho fatídico que ha perpetrado” y declaró huelga general indefinida. Todas las organizaciones sociales vinculadas al MAS se manifestaron “en emergencia y movilización”.

Mientras tanto, los mercados de La Paz y otras ciudades colapsaron por la gente que se aglomeraba para tratar de aprovisionarse con alimentos y agua. Había filas enormes de vehículos ante las estaciones de servicio y los cajeros automáticos se quedaban sin efectivo. Todos los aeropuertos se cerraron por decisión de las autoridades civiles.

Dos horas después del comienzo del asedio, en torno a las 17 horas, Zúñiga estaba aislado. La Policía, a la que había invitado a sumarse a la revuelta, se había encuartelado en respeto al orden constitucional. Además de las unidades militares acantonadas en La Paz y los alrededores, cuya participación además fue muy limitada y puntual, nadie más lo apoyaba.

En ese momento, apareció Arce, sonriendo algo nervioso en la sala en que se suelen hacerse las posesiones de nuevas autoridades. Junto al presidente y su Gabinete estaba un nutrido grupo de jefes militares. Arce hizo jurar a tres nuevos comandantes, los generales José Sánchez Velázquez, del Ejército; Gerardo Zavala, de la Fuerza Aérea y Renán Ramírez, de la Armada. Implícitamente, ratificó al comandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Vigabriel Sánchez. El nuevo encargado del Ejército, Sánchez, fue el único militar que tomó la palabra: “Pido, ordeno y dispongo que todo el personal que está en las calles retorne a sus unidades. El general Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada. El orden legalmente constituido y el gobierno legítimo deben ser defendidos”, afirmó entre los aplausos de los ministros y jerarcas políticos oficialistas. Acto seguido, la tropa se retiró de la plaza de armas. Zúñiga se marchó en la misma tanqueta desde la que había dirigido la acción.

Poco después, comenzó a crecer la suspicacia por lo sucedido. ¿Cómo podía entenderse este rápido retiro de las tropas? Los partidos de oposición fueron alejándose del consenso al que habían llegado sobre el respaldo democrático y algunos cuestionaron si no se trataría de un “show”. Según esta tesis, Arce habría recurrido a su amigo militar para renovar su legitimidad en un momento de caída aguda en las encuestas de popularidad. Varios dirigentes opositores, como Samuel Doria Medina, exigieron una investigación independiente de los acontecimientos. El expresidente Carlos Mesa calificó los hechos como “un sainete”. El presidente del Senado, el “evista” Andrónico Rodríguez, habló abiertamente de “autogolpe”.

Al final de la jornada, Zúñiga fue aprehendido por la policía a las puertas del Estado Mayor del Ejército. Mientras era arrestado, declaró a los medios presentes: “[El presidente Arce me dijo que] la situación está muy jodida, esta semana va a ser muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Le pregunté: ¿sacamos los blindados? Saca, me dijo”. Esta declaración aumentó el estado de conspiración en que ya se hallaba la política boliviana. La ministra Prada la rechazó “absolutamente”. También aseguró que varias instituciones nacionales investigarán lo sucedido. Este jueves, los titulares matutinos de la mayor parte de la prensa boliviana muestran dudas sobre la versión oficial de los hechos.

La clave de la comprensión de las dos horas que pusieron a Bolivia en una de sus peores horas de la etapa democrática abierta en 1982 parece descansar en la personalidad del general Zúñiga, que, según Prada, “ya confesó que quería dar un golpe de Estado”.

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