En medios judiciales están a la espera de que el juez Pablo Llarena fije su posición definitiva en relación a la amnistía. Llarena es el instructor de la causa que afecta a Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig, que nunca llegaron a ser juzgados al huir de España. Lo que se comenta entre las paredes del Alto Tribunal es que el juez activará la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entenderá que esto supone mantener activa la orden de detención. Cualquier otra decisión sería una gran sorpresa entre la alta judicatura.

Con la entrada en vigor de la amnistía, el Tribunal Supremo solicitó a acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la ley a los respectivos procedimientos, tanto el relativo al proceso independentista catalán de 2017, por el que algunos líderes fueron condenados y otros huyeron, así como el del «caso Tsunami Democrático», que también implica a Puigdemont.

Quizás algunos sean demasiado mal pensados y por eso les ha llamado tanto la atención que la mujer de Llarena entre como vocal en el Consejo General del Poder Judicial en el pacto que acaban de sellar el Gobierno y el PP. Y puede que piensan mal porque les condiciona el cálculo sobre cuáles son los efectos políticos de la decisión judicial que complicaría a Puigdemont la posibilidad de regresar a Barcelona para calentar el banquillo de la investidura.

También está dando mucho que hablar el pacto entre el Gobierno y el PP sobre el CGPJ, desde la lectura de que todo parece que ha cambiado para que luego todo siga igual. En las altas instancias judiciales desconfían de que los nuevos vocales del Consejo vayan a llegar de inmediato a un acuerdo para cambiar el sistema de elección, y dan por descontado que todo se quedará prácticamente como está cuando expire el plazo de los seis meses en los que, en teoría, tienen que presentar una propuesta.

Gobierno y PP podrán decir que el problema ya no va con ellos, que son los jueces los que no se aclaran. Y podrán seguir con sus peleas en los demás ámbitos en los que no hay cartas que repartirse. Los jueces piensan que hay muchas posibilidades de que todo quede igual, pero no están preocupados por ello. Sabían que el final del bloqueo no podía ser muy distinto del que han visto esta semana, pero tienen muchas más dudas sobre cómo y dónde acabará Puigdemont.

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