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La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha culminado este jueves el plan previsto desde que, en diciembre pasado, el Senado le encargó un informe sobre la proposición de ley de amnistía, una norma sobre la que el órgano de gobierno de los jueces no estaba obligado a pronunciarse. El pleno ha aprobado el dictamen elaborado por el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP para formar parte del órgano, que carga duramente contra la amnistía y considera que es inconstitucional. El texto redactado por Olea ha sido secundado por nueve de los 10 vocales conservadores, todos propuestos por el PP. El presidente suplente, Vicente Guilarte, y el progresista Enrique Lucas han votado en blanco, mientras que los cinco vocales propuestos por el PSOE han apoyado el texto redactado por la progresista Mar Cabrejas, que considera que la amnistía sí tiene encaje en la Constitución.
El CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de ley, pero en el caso de la amnistía a los encausados del procés, al haberse tramitado por la vía de urgencia, esta consulta no estaba prevista. No obstante, el PP se sirvió de su mayoría absoluta en la Cámara alta para reclamar un informe al CGPJ y otro a la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó hacerlo, pero el órgano de gobierno de los jueces —que ya se pronunció en contra de la amnistía antes incluso de que se conociera la primera versión de la ley— sí acordó redactar el suyo y se lo encargó a los vocales Olea, del sector conservador, y Cabrejas, del progresista. En principio debían presentar un solo texto, pero las discrepancias entre ambos les han llevado a elaborar dos informes por separado. El pleno los ha debatido este jueves y el resultado no ha dejado sorpresas.
El texto aprobado sostiene que la Constitución, al excluir “de manera consciente” la amnistía, exige que esta se adecúe “a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones” que impone la norma fundamental, lo que, según el informe mayoritario del Consejo, no se aprecia en la proposición pactada por el PSOE, ERC y Junts. El informe redactado por Olea, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que ningún artículo de la Constitución, y tampoco la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo, permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el derecho español.
El dictamen objeta también la tramitación de la iniciativa por vía de urgencia, dada la “excepcionalidad jurídica y la trascendencia social” del asunto. Y considera que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad —ya que no se justifica que los encausados del procés independentista reciban un trato penal distinto al del resto de los ciudadanos— y el principio de separación de poderes -no resulta “admisible”, sostiene, que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución (por ejemplo, los indultos que concede el Gobierno)-. Más allá de la constitucionalidad de la norma, el documento critica también con dureza el articulado de la proposición de ley. Entre otros aspectos, cuestiona que solo estén excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo que hayan causado “graves violaciones de derechos humanos” y que estén recogidos como tal en la directiva europea.
El dictamen redactado por Cabrejas ha recibido el voto de esta vocal y los otros cuatro propuestos por el PSOE, que se van a adherir al voto particular que va a presentar la autora del texto con el contenido de su informe. Este argumenta que el hecho de que la Constitución no recoja expresamente la amnistía no quiere decir que la prohíba, aunque remarca que no corresponde al CGPJ establecer si esta proposición de ley de amnistía en concreto es o no constitucional. Cabrejas defiende también que no cabe derivar del artículo 14 de la Constitución (“los españoles son iguales ante la ley”) una prohibición absoluta de la medida de gracia, pero reprocha algunos aspectos del articulado, como “algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas” al fijar la franja temporal y las conductas abarcadas por la medida de gracia.
Es la segunda vez que el pleno del Consejo se pronuncia en contra de la medida de gracia acordada por el Gobierno y sus socios parlamentarios. La primera, en noviembre pasado, lo hizo en una sesión extraordinaria forzada por el sector conservador y antes de que la proposición de ley fuera presentada por el PSOE. El Consejo justificó entonces su decisión de emitir un informe sobre la amnistía antes de que se conociera el texto de la norma en que la vía de la tramitación urgente por la que los socialistas habían optado evitaba el informe (no vinculante) del órgano de gobierno. “Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide”, señalaron los vocales conservadores, que, cuatro meses después, han sacado adelante otro dictamen contrario a la medida de gracia aprovechando la oportunidad que les brindó el Senado.
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