/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/OJURMXSLDDF4EIPIOJG2SUZ3O4.jpg?w=1200&resize=1200,800)
Moncloa mira con preocupación el desarrollo de la causa judicial de la mujer de Pedro Sánchez. Pese a que el propio jefe del Ejecutivo traslade públicamente que “no hay nada reprochable” en la actividad profesional de su mujer, lo cierto es que esta cuestión ha supuesto un importante factor de desestabilización para el Gobierno. Y lo será mientras continúe abierta. Por ello, en Moncloa buscan “blindar” la causa y no darle más aire. Desde el entorno del presidente se le recomienda marcar distancias y no acompañar a su mujer a los juzgados esta mañana.
Está previsto que Sánchez viaje hoy a Stuttgart, tras confirmar a la Federación (RFEF) que asistirá al partido entre Alemania y España que se disputa a las 18:00 horas de este viernes. Además, el Decanato de Plaza Castilla ha admitido la petición de Presidencia del Gobierno de que, “por cuestiones de seguridad”, Gómez entre a los juzgados por el garaje, ahorrándose el paseíllo, a lo que se suma la aspiración de su defensa de que su declaración no sea grabada en vídeo para evitar posteriores filtraciones a los medios.
Más allá de una instrucción controvertida o el protagonismo adquirido por el juez Juan Carlos Peinado, quien ha dado vuelo a la polémica ha sido el propio Sánchez. El presidente del Gobierno contribuyó a generar una repercusión internacional del caso con su periodo de reflexión de cinco días y una carta a la ciudadanía en la que amenazaba con dimitir. El Ejecutivo, tan pendiente de su imagen exterior, vio como la lectura que se hacía a nivel internacional era que “un escándalo de corrupción” vinculado a la mujer del presidente había sumido al Gobierno en un apagón total durante cinco días. Los medios extranjeros se hicieron entonces eco de la apertura de la causa judicial de Begoña Gómez, en la que hasta ese momento no habían reparado.
El segundo impacto del horizonte judicial de la mujer de Sánchez fue en la campaña de las elecciones europeas, con la decisión del juez Peinado de anunciar su citación como investigada en el marco de la contienda del 9 de junio. En ese momento, el PSOE vio como el marco del debate cambiaba de las coordenadas en las que lo había ubicado el Ejecutivo, conflicto diplomático con Javier Milei, reconocimiento del Estado palestino o ayuda milmillonaria a Ucrania, a otra mucho más adversa. Entonces, el PSOE decidió pasar a la ofensiva e instrumentalizar la causa judicial en su beneficio, explotando el argumento victimista de la persecución judicial.
El Gobierno intentó maniobrar a través de la Fiscalía para forzar el archivo de la causa, pero recibió un sonoro rapapolvo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que criticó su pretensión de «impedir toda investigación», calificándola de «inusual” y señalando que “podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja».
Para la Sala resultó «contradictorio» que la Fiscalía pidiera el archivo al mismo tiempo que la Fiscalía Europea reclamaba al instructor toda la documentación sobre esos contratos para determinar si afectaba a fondos europeos, lo que le obliga a asumir la investigación. Esta cuestión, la que atañe a la Fiscalía Europea, sigue abierta, más allá que desde Moncloa se desautorice la instrucción del juez Peinado, el horizonte judicial de la esposa del presidente no se circunscribe únicamente a un juzgado concreto en el que se ha abierto un caso con “recortes de noticias”.
Aunque desde el Gobierno sostengan que “no hay caso”, su intento indisimulado por tratar de “blindar” a Begoña Gómez es innegable. Sánchez ha tratado de vestir políticamente su “punto y aparte” con una agenda para la regeneración de la que solo se conocen unas primeras intenciones, que se desgranarán el próximo 17 de julio, y a las que se dotará de contenido ya después del verano con la connivencia de los socios, con los que debe aprobarse, en un texto que llegará al Congreso de los Diputados a través de los grupos parlamentarios.
En la víspera de la declaración judicial de su mujer, Sánchez anunció el lunes la presentación de la agenda de regeneración en la comparecencia de mediados de julio, en la que se oficializará la limitación en la publicidad institucional a los medios, entre otras medidas. Ya el miércoles lanzó Avanza, un “think tank” vinculado al PSOE, para luchar contra “los bulos y las falsedades”. El impulso “regeneracionista” hacia el que el Gobierno quiere virar el foco está contaminado por la situación personal que vive el presidente, que, hasta ahora, no había ubicado entre sus prioridades la lucha contra las “fake news”.
