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En Vox no quieren hablar de “línea roja” o “ruptura ya”, pero sí consideran que la reforma legal que está en marcha para obligar a las autonomías a repartirse la acogida de los menores migrantes no acompañados que lleguen a España va a suponer “una línea crítica” en su relación con el PP, su socio de gobierno en cinco comunidades autónomas. La dirección nacional de Vox contempla incluso el escenario de romper con los populares en esos gobiernos que comparten —Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia— si la formación de Alberto Núñez Feijóo acepta la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno está negociando con todos los partidos ante la situación de emergencia que vive principalmente Canarias.
Este asunto ha situado en un dilema interno al propio PP, que gobierna en el archipiélago con Coalición Canaria y no se atreve a fijar una posición nacional única. Vox sí dice que la tiene y advierte al PP de que no está dispuesto a transigir en ese aspecto: “Incluso a riesgo de tener que dejar los gobiernos en los que estamos”, subrayan fuentes de la cúpula del partido de Santiago Abascal.
Al mismo tiempo, otro partido contrario al reparto de migrantes, Junts per Catalunya, ha avisado de que no apoyará esa reforma legal y se centrará en negociar la transferencia de las competencias en inmigración para no aceptar cupos de menores no acompañados procedentes de otras autonomías. El Gobierno en funciones de la Generalitat, a través de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Carles Campuzano, quiso desmarcarse de las tesis más aislacionistas de Junts y matizó que lo que piden es un reparto equilibrado que tenga en cuenta que los migrantes no solo llegan a España por el sur. La suya es una posición “de izquierdas y social, y no de derechas y peligrosa como la de Junts”, sostienen fuentes republicanas.
La propuesta de reforma legal que han pactado el Gobierno central y el canario, y que ahora negocian con el resto de partidos y autonomías, es una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén funcionando por encima 150% de su capacidad, los menores no acompañados sean derivados a otras regiones, en función de criterios como el PIB o la población. Eso ha dado lugar a un debate que augura consecuencias inmediatas en la política nacional.
Vox, por ahora, se está quedando en lanzar avisos al PP. El pasado martes ya anticipó ese toque de atención la portavoz parlamentaria de la formación ultra, Pepa Millán, pero este jueves el mensaje se ha querido trasladar desde las más altas instancias del partido: “Si tenemos que romper, lo haremos. Nosotros sí tenemos una posición nacional y ningún apego a los cargos. Ya se lo dijeron los representantes de Vox en Aragón al PP, que preside esa comunidad, cuando aceptaron el anterior reparto de menores: ni uno más”, zanjan estas fuentes.
La portavoz de Vox en el Congreso había adelantado el martes: “Vamos a esperar para ver qué es lo que dice el PP. Forma parte [la regulación de la inmigración] de los acuerdos de Gobierno. Nuestro programa es sobradamente conocido también por los miembros del PP”, afirmó. En la dirección de Vox precisan que esta cuestión ya se abordó en su momento con los representantes autonómicos del PP en cada territorio y les quedó clara su postura.
En el entorno de Abascal no se quiere decir aún públicamente que Vox esté dispuesto a poner en peligro los gobiernos de coalición de la derecha y la extrema derecha en cinco autonomías, pero sí quieren que vaya calando la idea de que la inmigración no es un asunto más para ellos. El partido, que vincula en sus discursos la inmigración irregular con la delincuencia, sostiene que este es un tema tan nuclear como el de la defensa de la lengua española en las comunidades bilingües o el rechazo a las leyes de memoria histórica.
Esa posición fue expresada personalmente por Pepa Millán el miércoles al ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que mantuvieron contactos en el Congreso con todos los partidos. Vox cree que establecer un reparto de menores migrantes desde Canarias a otras autonomías es “fomentar el efecto llamada”. Una idea que repitió con mayor contundencia aún este jueves su portavoz en la comisión de Juventud, Joaquín Robles, ante el debate de una proposición no de ley de ERC que pedía mayores recursos para la acogida y menos estigmatización.
El diputado de Vox se mofó de ese “discurso buenista y pánfilo” y de las “lecciones supremacistas de ERC” y argumentó que “en España hay alimentos y sanidad para una determinada cantidad de población”. Puso, además, en cuestión que esos menores, “siempre niños, no niñas”, vengan de lugares en guerra. Robles precisó finalmente: “En Vox no somos racistas, somos prudentes en sentido extremo”. En ese debate de la comisión, la portavoz del PP, María del Mar Vázquez, no reveló cuál será la postura final de su partido sobre la reforma legal que pretenden los gobiernos central y de Canarias y se limitó a replicar al diputado republicano que en la Andalucía gobernada por el popular Juan Manuel Moreno hace años que se aplican políticas de integración y acogida.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, recordó a todos los presentes que, ante la gravedad del problema, la solución no debería contaminarse de partidismos, y de hecho optó por abstenerse de las propuestas de ERC pero sí clamó por una solución urgente ante la situación de los centros de acogida en las islas, que están al 150% de su capacidad y con más de 6.000 menores. En la discusión no participaron, porque no estaban, los representantes de Junts, el PNV y EH Bildu. Fuentes de la dirección parlamentaria del PNV sí matizaron luego que llevan semanas negociando con el Gobierno central y avisándole de que el País Vasco tiene sus centros saturados con más de 500 menores mientras otras regiones, como La Rioja o Cantabria, apenas acogen menores migrantes, según los peneuvistas.
En cuanto a Junts, fuentes de este grupo indicaron este jueves, tras decírselo también personalmente al ministro Torres y el presidente canario, que no están dispuestos a apoyar esa reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería ni a que Cataluña acoja a más menores migrantes en su territorio. En Junts subrayan que no tiene ningún sentido respaldar la potestad del Estado para decidir sobre ese reparto cuando lo que el partido independentista está negociando con el Gobierno es que la Generalitat asuma “las competencias y herramientas” sobre inmigración.
Junts dice entender “la realidad y las urgencias de Canarias”, pero responde “no” al ministro y al presidente canario. El partido independentista mantiene que, la última vez que hubo un reparto, de los 6.000 menores migrantes Cataluña acogió a 2.000; y remarca que Canarias ha recibido en este concepto del Estado 50 millones de euros y Cataluña 1,8 millones. Junts no votará a favor de la ley, dicen estas fuentes, porque “no es rigurosa”, aunque podrían abstenerse. El grupo llegó a proponer al Gobierno que presentara la iniciativa a través de un real decreto para demorar esta solución un año. Ante la pregunta sobre qué se debería hacer con los menores migrantes desamparados, en Junts responden: “No somos insolidarios, ya acogimos como los que más. Que hagan lo que quieran en el resto del Estado”.
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